Expropiación indebida

Dice la Constitución de la República –ese librito que todos los legisladores y muchos funcionarios del Poder Ejecutivo deberían tener siempre a mano– en su artículo 32: "La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación".

¿A cuento de qué viene este recuerdo del artículo 32? De que en la comisión de Industria de Diputados avanza viento en popa un proyecto de ley para interpretar el artículo 39 de la nefasta ley de medios aprobada por el gobierno anterior. Interpretarla para que quede firme algo que los legisladores en su momento no supieron escribir con claridad: que todos los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y de básquetbol deben ser transmitidos al menos por un canal de televisión abierta. En caso de que no haya acuerdo con los canales privados por el precio de los derechos, los partidos se emitirán por TNU.

Ahora se quiere interpretar el artículo 39 para evitar otras interpretaciones más restrictivas, como las que sensatamente hizo la Ursec, que entendió que solo debían transmitirse por abierto las instancias definitorias de los torneos o de las series de clasificación. Los diputados que aprobaron el artículo 39 quedaron con la sangre en el ojo y ahora van por la revancha con la "ley interpretativa" que, ¡oh sorpresa!, en comisión obtuvo el apoyo de todos los legisladores de los partidos presentes en la misma –frenteamplistas, colorados y blancos–.

Tanta sorpresa armó semejante unanimidad en un artículo de una ley tan discutida que el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, envió el jueves una contundente carta a la comisión en la que recuerda que la AUF, junto a los clubes afiliados, "son los propietarios primigenios de todos los derechos que emanan de las competiciones y de todos los otros actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y los aspectos técnicos y legales". Como titular de esos derechos, "su comercialización constituye la fuente de recursos más importante que registra la AUF y que permite su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines", le recordó la AUF a los legisladores.

Afirma pues la AUF, y nadie que lea el artículo 32 de la Constitución puede dudar de ello, que los derechos del fútbol (y del básquetbol) son propiedad de las respectivas asociaciones, quienes los pueden negociar como deseen de forma de financiar la marcha de las selecciones.

Obviamente no es un derecho absoluto y puede ser modificado por leyes que respondan al interés general. Pero, en ese caso, "nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación". O sea, para expropiar un derecho –en este caso el que permite transmitir las competiciones de sus seleccionados por la vía que sea–, el Estado deberá dictar una ley y deberá pagar una "justa y previa indemnización". Esto es algo que los diputados de la comisión de Industria han ignorado olímpicamente en nombre de un "presunto derecho popular a ver el fútbol" y es de temer que Diputados y luego el Senado confirmen ese proyecto. Al obligarle a la AUF a transmitir los partidos por TV abierta, le privan de la posibilidad de vender los derechos a la TV por abonados. Al fin y al cabo, por qué estos canales pagarían un plus para transmitir partidos que van a ir por abierto, sí o sí.

Alguien dijo que lo que hicieron los diputados de la comisión de Industria fue "populismo barato". En realidad, es "populismo caro", pues el Estado será objeto de un juicio por parte de la AUF (y de la FUBB) para resarcirse de la expropiación a la que fueron sometidos sin "justa y previa indemnización". En definitiva fue una burda copia de lo que hizo Cristina Kirchner, en connivencia con Julio Grondona, cuando expropió la televisación del fútbol argentino. La única diferencia fue que al menos CFK pagó a la AFA derechos de televisación a costa del erario nacional. Aquí, ni eso. Que nos gane la Argentina kirchnerista en materia de derechos es muy triste. Más triste aún es cómo se minusvalora el derecho de propiedad y se exalta el ignoto derecho popular a ver a la selección.

PD: los legisladores deberían recordar que cualquier habitante con móvil o fibra óptica de ANTEL puede ver el fútbol sin costo por VeraTV. l