Extraña duplicación de inválidos

Pero la Rendición de Cuentas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado al Parlamento señaló nuevas anomalías. Una, que no ha sido debidamente explicada, es que entre 2007 y 2015 se duplicaron las altas jubilatorias por invalidez, pasando de una cada 10 del total a una cada cinco.

Es improbable que la razón del cambio, que permite el retiro con un ingreso mayor, sea un repentino salto en el número de personas aquejadas de incapacidad para seguir trabajando. El presidente del BPS, Heber Galli, sostuvo que se debe en parte a mayores controles impuestos desde el año pasado a las certificaciones médicas, después que se revelara laxitud en su expedición e incluso el caso de un médico que otorgaba certificados falsos a cambio de un pago de $ 300.

Pero si han mejorado los controles, la lógica indica que el número de jubilaciones por invalidez debería caer en vez de aumentar al doble, a menos que la población activa sufra una dudosa epidemia de incapacidad. Por su parte Ramón Ruiz, director por los trabajadores activos, afirmó que el aumento no es responsabilidad del BPS sino de las mayores facilidades que existen para jubilarse desde que se flexibilizaron los requisitos en 2008, lo que no parece tener mucha relación con el problema.

Estas explicaciones que poco aclaran se integran a los pesares financieros del BPS, señalados en uno de los capítulos de la Rendición. El MEF argumentó que el aumento de erogaciones presupuestales incluyen $ 100 millones que no fueron previstos en los cálculos del organismo previsional. Galli desmintió prontamente al titular de la cartera, Danilo Astori, asegurando que no hubo error y que los números del BPS eran “previsibles” por la tendencia al mayor gasto por la flexibilización del régimen jubilatorio. Por su parte, Ruiz y también Sixto Amaro, director del BPS por los pasivos, acusaron al régimen mixto y a la disminución de los aportes patronales desde la reforma de 2008 por las angustias de financiamiento que acosan al organismo. Señalaron una presunta transferencia del BPS a las AFAP de US$ 1.000 millones anuales como causa del déficit.

El argumento omite que sin la creación de las AFAP en 1996 el sistema estatal de reparto sería insostenible en un plazo de 10 años. Y no existe transferencia de recursos del BPS a las AFAP sino el ejercicio de los trabajadores activos del derecho a acogerse a otro sistema que consideran más seguro y beneficioso que el estatal. Adicionalmente no parece tomarse en cuenta que la mayor parte de los aportes de trabajadores y empleadores a las AFAP está invertida en títulos públicos, lo que contribuye al financiamiento del Estado.

Es innegable que el BPS enfrenta el serio problema del envejecimiento de la población por mayor expectativa de vida, lo que aumenta las erogaciones por retiro mientras no se amplíe el bajo límite actual de 60 años para jubilarse, que introdujo la reforma de 2008. Allí, y en la mayor flexibilidad para jubilarse, es que se generan los problemas ahora “imprevistos” según dice la Rendición. Así como en el escaso control de las licencias médicas al que ahora se añade el curioso aumento de las jubilaciones por invalidez. Hay mucho trabajo para hacer, tanto en el propio BPS como en la leyes que regulan las jubilaciones.