La bancada de ediles del Frente Amplio decidió acompañar una comisión investigadora en la Junta Departamental sobre la compra del inmueble -que finalmente se canceló- por parte de la Intendencia de Montevideo (IMM). Se trata de una "decisión política" para aclarar una "serie de cosas malintencionadas", según dijo a El Observador la coordinadora de la bancada, Adriana Barros.
Una empresa le vendió al gobierno departamental un inmueble por US$ 1.490.000 que dos días antes lo había comprado por US$ 750 mil. Se trata de un inmueble en el barrio Brazo Oriental que iba a ser utilizado para ubicar al Laboratorio de Regulación Alimentaria. La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas (TCR) porque la comuna no realizó una tasación del inmueble y el pliego de la licitación era "en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo".
Barros agregó que si bien el TCR criticó la compra, en la misma resolución dice que se apega al artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). "Con el diario del lunes no ameritaría investigar pero igual decidimos proponer la investigadora para despejar dudas", dijo. El informe en mayoría del Frente Amplio en la preinvestigadora pedirá la conformación de la comisión.
La comisión investigadora fue propuesta por el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, porque entendía que el pliego había sido redactado a medida del inmueble en cuestión. La cancelación de la compra "potencia" la investigadora, según publicó el edil en su cuenta de Twitter.
En este contexto, y previo a cancelar la compra del inmueble, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ordenó una investigación administrativa de forma urgente. "La compra del inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria fue un proceso transparente de licitación pública pero ante el análisis posterior, sumado al informe del Tribunal de Cuentas y para despejar todas las dudas, planteamos una investigación", publicó el jefe departamental en su cuenta de Twitter.
Barros recordó que es la Junta Departamental la que adjudica las compras por lo que el proceso no había finalizado. "Hay compras que van primero al Tribunal y luego vienen a la Junta. No es que la Intendencia compra así nomás", apuntó. Según la coordinadora de bancada, el edil denunciante solo presentó el informe del TCR y algunos "recortes de prensa".
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