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FA analiza conducta de ediles de Salto acusados de adulterar boletas
La Mesa Política del Frente Amplio sigue de cerca las actuaciones de los ediles salteños presuntamente involucrados en la adulteración de boletas y evaluará ahora si incumplieron con los lineamientos éticos de la coalición de izquierda.
Según informó a El Observador la senadora Daniela Payssé (Frente Líber Seregni), la fuerza política se reunirá la próxima semana con dirigentes de Salto para interiorizarse sobre las actuaciones de los ediles Martín Pertuzzati, Eduardo Godoy y Daiana Añasco, denunciados por el gobierno del intendente Andrés Lima por adulterar boletas en sus rendiciones de cuentas.
"Acá hay un plano que es el de la Justicia, que dictaminará lo que tenga que dictaminar, pero también tenemos reglas internas en el FA, que son los lineamientos éticos para la función pública, que habrá que analizar", manifestó la legisladora. Además del tema de las boletas, el FA analizará la actitud que tomaron los ediles al apartarse de la bancada frenteamplista y no votar el proyecto de presupuesto presentado por la administración salteña.
Mientras tanto, en la Junta Departamental, la bancada frenteamplista insiste en que la adulteración de boletas debe ser investigada a fondo y debe abarcar a todas las rendiciones de cuentas de los ediles desde que se inició esta administración.
El edil frenteamplista Carlos Beasley, quien presidió la comisión preinvestigadora para evaluar el tema, informó a El Observador que el caso cumple con los requisitos reglamentarios para llevar adelante una investigación en profundidad. La Junta tratará el tema antes del jueves y allí se votará si finalmente se conforma la investigadora o no.
Para aprobarla se necesitan al menos 16 votos y, según Beasley, el FA cuenta con el apoyo suficiente para alcanzarlos. El día que se trate el tema no podrán estar presentes los ediles frenteamplistas involucrados en la denuncia –Martín Pertuzzati, Eduardo Godoy y Daiana Añasco- y tampoco podrá estar presente la madre de Pertuzzati, ya que si bien es edila tiene vínculo directo con el implicado. En esos casos entrarán en la discusión los representantes suplentes.
La comisión preinvestigadora había sido impulsada por el Partido Nacional, aunque luego la oposición no participó por considerar que no había garantías de que se pudiera investigar con transparencia dado que el presidente de la Junta, Martín Pertuzzati, era uno de los involucrados directos y no tenía en plan dejar el cargo.
El debate se inició luego de que el gobierno salteño denunciara la aparición de ocho facturas adulteradas. Las primeras tres en aparecer fueron las presentadas por gastos en el Petit Rivera Hotel. Cada una de ellas debía ser por $ 449, pero el monto que se rindió fue por $ 4.449. Otras boletas refieren a restaurantes a los que asistieron los ediles durante salidas afuera del departamento. Algunas de ellas tienen un número de más al principio y en otros casos los montos aparecen modificados. El octavo comprobante se trata de una publicidad contratada para una radio comunitaria. En ese caso, la factura fue firmada por $15.000, pero la emisora recibió solo cinco. Estas diferencias llevaron a la administración a presentar la denuncia penal. Desde la bancada se les pidió que dejaran sus cargos en la Junta, aunque los ediles solo accedieron a renunciar al sector político.
