FA mantiene sistema de adopción pese a las críticas de la Justicia

En el último verano, la adopción de una niña en Las Piedras puso el tema en boca de todos. La pequeña Mía había permanecido en un hogar de acogida hasta los 15 meses, y luego fue entregada a su familia adoptante. La familia que la había criado hasta ese momento reclamó su tenencia y el revuelo fue tal que el gobierno y los partidos políticos se comprometieron a introducir cambios en la ley de adopciones en un plazo de 60 días a partir del 1º de marzo.

Ocho meses después las modificaciones al proyecto de ley aún se siguen discutiendo y en varios puntos persisten las polémicas.

Días atrás concurrieron a la comisión de Población del Senado –que analiza el proyecto– el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y la ministra del Tribunal de Familia de 1º Turno, María Lilián Bendahan. Durante la discusión sobre varios aspectos de la futura norma la jueza se opuso a la existencia de las familias que cuidan de los niños hasta que son dados formalmente en adopción. “Creo que no debería existir la familia de acogida y el niño debería ir en forma directa, en aplicación del artículo 125, a una familia seleccionada del Registro Único (de adoptantes). ¿Por qué? Todos pueden imaginar cuál es la razón, por lo menos los dos médicos aquí presentes: el apego temprano de ese recién nacido”, dijo, según la versión taquigráfica de la reunión.

“Me parece que los derechos humanos del niño recién nacido se ven vulnerados cuando pasa a una familia de acogida y de ella a una familia de la lista”, agregó, y señaló el tema como su “mayor inquietud”.

El planteo de la jueza fue recogido por el senador colorado Alfredo Solari, quien en su condición de médico opinó que al entregar al niño a una familia de acogida, mientras se define con qué familia del registro de adoptantes se quedará, “se abre la puerta a que en ese período clave del desarrollo se produzca un apego que después va a tener que desandarse al ser transferido a una familia de adopción”.

Se mantienen
Sin embargo, tanto el Frente Amplio como el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) reivindican el rol de las familias de acogida o sustitutas y aseguran que no modificarán ese sistema, pese a las advertencias de la Suprema Corte. El argumento es que se establecieron en la ley plazos claros de 45 días para menores de 2 años y 90 días para niños mayores de esa edad para que el juez resuelva sobre su futuro, por lo que entienden que el tiempo que deberán pasar en los hogares de acogida es relativamente corto.

El director del INAU, Jorge Ferrando, indicó a El Observador que hay acuerdo en que “cuanto antes los más pequeños pasen a las familias en condiciones de adoptar, mejor, pero está el riesgo de que el procedimiento judicial termine en que ese niño no sea dado en adopción y sea reintegrado a su familia de origen, y el desprendimiento puede ser muy difícil. Entonces el problema que se dio con algunas cuidadoras pasaría a darse con las familias adoptivas”.

El jerarca explicó que en ese período de transición el bebé o el niño tiene que estar o en el INAU o en una familia de acogida, “y en el caso de los menores de 7 años se considera que es mejor que estén en un ámbito familiar”.

El diputado socialista Julio Bango, que trabajó en el proyecto durante su tratamiento y posterior sanción en Diputados, indicó a El Observador que el problema que se daba hasta el momento con las cuidadoras era “que al no haber un período taxativo dentro del cual el juez tenía que resolver si iba en adopción o volvía con su familia, el niño se quedaba mucho tiempo con esas familias. Ahora se fijó un plazo al juez, que tiene 45 y 90 días para resolver, y se evitarán los problemas que se daban antes”. Agregó que las cuidadoras “no están en cuestión porque cumplen un rol social”. Ese plazo ya existía en la ley de adopciones, pero una disposición transitoria lo había dejado en suspenso entre 2009 y 2011, y por eso los niños permanecieron tanto tiempo en algunas familias.
Difícil cumplir plazos

Sin embargo, en la Suprema Corte no piensan lo mismo. Según informó El País esta semana, Pérez Manrique advirtió en la comisión que el plazo de entre 45 y 90 días “en la práctica, es muy difícil de cumplir”. Por eso señaló como “interesante” lo que plantea el proyecto de reforma del Código Civil argentino, que estipula una serie de plazos distintos, de hasta 180 días, dependiendo de la situación jurídica de cada caso concreto.

El diputado Bango aseguró de todas formas que mantener el sistema de familias de acogida “es una decisión del Frente Amplio”.