FA resuelve sanciones a Semproni por desacatar disciplina partidaria

Luego, en octubre de ese año, los legisladores aprobaron una nueva ley que restableció el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado “para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”.

Pero las heridas con Semproni nunca cerraron. Más de un año después, el Plenario del FA se apresta a resolver qué hace con el diputado. Según indicaron a El Observador fuentes del Tribunal de Conducta, el informe sobre este caso está pronto hace tiempo, y fue enviado en un sobre lacrado a la sede del Frente Amplio.

La recomendación del organismo se leerá en el Plenario del próximo sábado 24, y allí los dirigentes deberán decidir.

Los antecedentes de otros dirigentes enviados al tribunal hablan de sanciones, por ejemplo, como la que se aplicó al Partido Comunista cuando el senador Eduardo Lorier y la diputada Alicia Pintos no votaron la ley de Educación en 2008. En este caso los dirigentes perdieron su derecho al voto en los órganos de dirección del FA durante un mes. Pero en los análisis previos se manejó que el período de sanción podía haber sido de algunos meses más.
También los frenteamplistas han eximido de responsabilidad a dirigentes investigados, como en el caso de Gonzalo Fernández, de quien la Justicia investiga si cometió conjunción del interés personal y del público e influyó para que el Parlamento derogara el delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso. Fernández era codefensor de Juan Domingo Gatti, otro exdirector del banco Montevideo procesado en 2002.

Una de las sanciones que también puede caber a Semproni es la de no permitir el ingreso de su grupo, Congreso Frenteamplista 6009 formalmente al Frente Amplio. El diputado solicitó el ingreso en más de una oportunidad, pero según dijo a El Observador, no insistirá. “Nosotros actuamos en el FA para pedir una trinchera de lucha. No vamos a insistir. Vamos a esperar que decidan, y si nunca deciden, veremos”, indicó.

Tarde

El tribunal también tomó resolución sobre el caso del senador Jorge Saravia, que hasta junio de 2011 integraba el Frente Amplio. En abril del año pasado, el senador ahora nacionalista también se negó a apoyar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad y varios grupos de izquierda promovieron su envío al tribunal.

Dos meses más tarde abandonó la coalición de izquierda y volvió al Partido Nacional, de donde provenía. Por eso su caso será comentado, pero no es pasible de ninguna sanción. Los dirigentes también resolverán sobre otros casos que no han sido públicos. l