FA sufre primera derrota legislativa tras perder la mayoría en Diputados

Diez minutos antes de que la Cámara procediera a aprobar la investigadora, el diputado Darío Pérez de la Liga Federal, pidió libertad de acción para votar la iniciativa, pero le fue negada por el resto de la bancada oficialista.

Este grupo de trabajo analizará lo sucedido con el proyecto de la regasificadora, que comenzó en el gobierno de José Mujica.

La comisión fue impulsada por el Partido Nacional, que considera que hubo irregularidades en los contratos que vincularon a la frustrada obra con una empresa brasileña involucrada en casos de corrupción.

Mientras, desde el Poder Ejecutivo se advirtió que la instalación de una investigadora causará un daño severo al proceso de negociación que se viene llevando adelante a tal punto que podría poner en juego la viabilidad del proyecto.

"Una investigadora en este momento pone en riesgo el futuro de la regasificadora", dijo hoy la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, en el marco de un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reforzó la idea que había manifestado Cosse.

En una entrevista con Telenoche 4, Astori dijo que no es momento de plantear una investigación ahora que el gobierno está por tomar una decisión y hay aspectos que hay que mantener en reserva. "Puede hacer más daño que beneficio", subrayó.

"Más allá del mal final que tuvo la participación de una empresa brasileña no encuentro motivos relevantes como para plantear ahora una comisión investigadora", agregó. Para el ministro no hay una diferencia entre las consecuencias que pueda haber entre iniciar una investigación ahora o dentro de unas pocas semanas. "Acá no se van a consumar hechos que se podrían haber evitado", señaló.

Ese argumento también fue manejado en el Parlamento. "La irrupción de una comisión investigadora sólo contribuye al entorpecimiento de un proceso complejo, y en el que el país debería presentarse ante terceros como un frente unido a efectos de lograr los mejores resultados en beneficio del país. La política energética es una política de Estado", dijo la diputada Lilián Galán (MPP) al presentar la postura del oficialismo.

El proyecto de la construcción de una planta regasificadora fue impulsado por el gobierno de Mujica pero sufrió un traspié cuando la brasileña OAS -encargada de la obra civil- se declaró en quiebra por el escándalo de corrupción en Brasil. Posteriormente, luego de una intensa negociación, el consorcio GNS (integrada por GDF Suez y Marubeni) decidió abandonar el proyecto pagando una multa de U$S 100 millones.

El gobierno reflotó ahora el proyecto con un nuevo modelo, donde el Estado no asumiría ningún costo.

"Un cobarde"

Al argumentar su postura favorable a la investigación, el diputado oficialista disidente Mujica dijo que si se "escondiera detrás de la mayoría" del FA para no votar la investigadora que busca indagar los negocios en torno a la regasificadora, no sería "un hombre disciplinado sino que sería un cobarde".

"Es una denuncia muy concreta sobre un funcionario del gobierno brasileño que habría coimeado para que se le asigne la obra. No es una denuncia cualquiera. Hay alguien al que se le acusa de cobrar un millón de dólares para que viniera a hablar con el Poder Ejecutivo del Uruguay. Tengo el deber de investigar estas cosas", dijo Mujica quien le aportó el voto 50 que le faltaba a la oposición para aprobar la investigadora.

El FA decidió no votar la instalación del grupo de trabajo pero Mujica desoyó la resolución: "Mi decisión no puede ser resultado del temor a los insultos o a un tribunal de conducta. Al cabo de este período aceptaré el dictamen del último tribunal de conducta que es el de la gente", sostuvo.

El diputado Oscar Groba (Lista 609) le respondió que él tampoco es cobarde sino que no está de acuerdo en poner en marcha un mecanismo que "es sano pero que hay que utilizarlo con efectividad y con contundencia pero sin chamuscarlo".

Las denuncias

Al presentar su moción, el Partido Nacional consideró que las denuncias fueron "serias y de gran entidad política económica y social".

Los nacionalistas dijeron que hay "indicios" sobre la conexión con Brasil que estudia corrupción de empresas que estuvieron vinculadas a la regasificadora. Además afirmaron que tienen "pruebas de irregularidades" sobre el proceso de selección de las compañías que llevarían adelante el proyecto y que terminaron yéndose del país, aseguró el diputado Pablo Abdala, que ha impulsado esta investigación.

Según los denunciantes, el Estado uruguayo perdió US$ 65 millones y hay otros US$ 20 millones que aún tratan de cobrar empresas nacionales que fueron proveedoras.

Para el diputado Jorge Gandini, se está hablando "de corrupción". Gandini dijo además que la ministra Cosse nunca respondió los pedidos de informes cursados y no quiere que se investigue.

Afirmó que la empresa OAS investigada por el pago de sobornos en Brasil para obtener obras en varios países fue además multada por "trabajo esclavo" en Brasil. Dijo que Gaz de France Suez (GNLS), fue investigada por delitos tributarios en Brasil y la japonesa Marubeni, fue condenada por la Justicia de EEUU por lavado y pago de sobornos en Nigeria e Indonesia. Gandini precisó que esa empresa pagó más de US$ 140 millones para "evitar la cárcel de sus directivos".

Los restantes partidos de la oposición respaldaron el pedido de investigación. "Si está todo tan claro y transparente, ¿por qué no se vota la comisión investigadora?", se preguntó el colorado Walter Verri.

"Estaríamos en el horno si, como dice Cosse, la investigadora pone en riesgo la construcción de la regasificadora", agregó, por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.

Eduardo Rubio (Unidad Popular) afirmó que votó por la investigación con "libertad de conciencia".

La defensa

Desde el oficialismo se rechazó la versión de la oposición sobre las pérdidas de dinero y se recordó que la salida de la empresa constructora que había sido seleccionada permitió cobrar una garantía de US$ 100 millones por lo que Gas Sayago –la Sociedad Anónima formada por UTE y ANCAP para la regasificadora- tiene hoy en caja US$ 57 millones.

"El Estado uruguayo no perdió dinero", se hicieron inversiones y "aún no empezaron las operaciones comerciales", dijo la diputada Galán.

Agregó que la oposición, y en particular el Partido Nacional, tiene "una innegable intencionalidad política en las denuncias". En el mismo sentido, Gerardo Nuñez (Partido Comunista) acusó a la oposición de tener una intención "política electoral".

Otro factor que introdujo el Frente Amplio en el debate fue de género, al entender que las críticas a la ministra Carolina Cosse, buscan perjudicar a "una posible pre candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio" según dijo Galán. Cosse, sostuvo, enfrenta un hecho de "misoginia".

"Este es un componente típico de la forma con la que desde el machismo se hace una construcción de la mujer, refleja una dificultad de convivir con mujeres en posición de poder y en este caso en particular visualizada con proyección de futuro" afirmó la legisladora del MPP.

Desde el oficialismo se respondió que Gas Sayago no tiene ninguna demanda civil por reclamos económicos de los proveedores, ni tampoco demandas de trabajadores. Galán afirmó que "se sigue analizando un proceso que ya finalizó" y dijo que el Estado uruguayo cobró una indemnización "más que respetable y se quedó con activos a su favor". l