Fallas en rehabilitación llevan a que 65% de presos liberados reincida

Todos los años unas 6.500 personas recuperan la libertad en Uruguay tras cumplir su pena en prisión. De ese número, según dijo el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, se estima que poco más de 4.200 (65%) volverán a delinquir.

Hacinamiento, falta de propuestas socioeducativas en lugares de reclusión y carencias varias explican, a juicio del representante del Poder Legislativo en las cárceles, por qué "el Estado genera año a año sus propios enemigos públicos". Este jueves, en un seminario sobre Innovación penitenciaria, representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organizaciones sociales y de derechos humanos, y el comisionado parlamentario coincidieron en la necesidad de destinar más presupuesto al sistema penitenciario, así como detener las iniciativas para aumentar la pena de los delitos.

En ese sentido, para el integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, el sistema político tiene que "repensar" su "política criminal", en referencia a las últimas normativas aprobadas en el Parlamento, como la ley 19.055 que aumenta las penas a menores, y la 19.446 que restringe la libertad provisional, condicional o anticipada en adultos. "Si tenemos una política criminal que tiende a ensanchar la base de ingreso al sistema carcelario y no se prevén mecanismos alternativos para la prevención de conflictos vamos a estar mal", opinó el abogado.

En Uruguay hay unos 11 mil presos, lo que implica 341 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, el nivel de prisionización más alto de la historia de Uruguay. Si se tiene en cuenta que el sistema tiene plazas para 9.994 reclusos, la ocupación de las cárceles uruguayas es de 111%.

En el mismo sentido, Denise Legrand, representante de Proderechos, dijo que "si se agravan las penas, pero no se trabaja en la cárcel, se va a estar lejos de la solución". "Hace falta presupuesto para las cárceles, la prevención del delito también pasa por ahí", agregó.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa, dijo que para bajar la reincidencia en el delito se necesita disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles y tener propuestas socioeducativas. El jerarca dio como ejemplo la cárcel de Punta de Rieles, donde la reincidencia es cercana a 5%, mientras en el resto del sistema el promedio es de 65%.

"¿Es arte de magia del equipo que está ahi? No, es porque tiene una población de 600 reclusos con medidas socioeducativas que están haciendo impacto en esa gente y cuando se enfrenta al día después tiene otras herramientas".

Del lado opuesto a la cárcel de Punta de Rieles está el módulo 8 del Comcar, donde, según Larrosa, pese a tener la misma población carcelaria, la ausencia de programas socioeducativos y el hacinamiento genera un nivel de reincidencia "altísimo".

La pasada semana, el comisionado parlamentario presentó un recurso de amparo por siete reclusos que se encontraban en "situación de emergencia", luego de presentar "malnutrición", al punto que uno de ellos de 1,81 metros de altura pesaba 55 kilos y otro de 1,70 metros pesó 47,3 kilos. Además, uno de los reclusos fue abusado sexualmente y otro tenía problemas psiquiátricos que no eran tratados por el personal de salud. A raíz de este caso, legisladores nacionalistas presentaron un escrito al fiscal de Corte, Jorge Díaz, el cual llegó al juzgado penal de 12 turno, a cargo del juez Nelson Dos Santos.

Por su parte, el INR realizó una investigación interna para determinar por qué no llegaban los alimentos a cada recluso, lo que motivó un refuerzo en el stock de comida, aunque también se constató que eran los compañeros de celda quienes les privaban de comida. Según explicó Larrosa, debido a la falta de personal, son los presos quienes distribuyen la comida. Esto "genera cuotas de poder para el recluso que determina a quién le da más y a quién le da menos" había dicho Larrosa a El Observador.

Debido a que el Ministerio del Interior no pidió más dinero en la Rendición de Cuentas, y el INR depende de la cartera, el comisionado parlamentario dijo a El Observador que "es necesario un nuevo acuerdo de consenso" para obtener más recursos para el sistema de rehabilitación, porque de lo contrario la reforma prevista con la creación del INR "va a naufragar".