Fallo de la Corte desarticula la fórmula salarial para judiciales

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) hizo tambalear la fórmula del Poder Ejecutivo para saldar el diferendo salarial en el Poder Judicial, que se había establecido en la ley 19.310, aprobada en diciembre del 2014, casi al final del gobierno de José Mujica.

Ayer, por unanimidad de cinco votos, una integración especial de la SCJ declaró inconstitucionales los artículos 2º, 8º y 9º de esa norma, que estableció una solución general para el reclamo salarial en el Poder Judicial derivado del "enganche" establecido en el Presupuesto de la administración anterior y que generó un juicio que ya tuvo fallo un fallo de primera instancia a favor de los trabajadores –que está en etapa de apelación– por unos US$ 56 millones.

El artículo 2º de la ley 19.310 interpreta que "la dotación" de los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo "está integrada por la totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan recibir los mismos".

El artículo 8º otorga al Poder Ejecutivo la facultad de destinar una partida de $ 459 millones para conceder aumentos salariales en el Poder Judicial. Pero eso, de acuerdo con la ley, queda condicionado a que "por lo menos" 70% los trabajadores desistan de los juicios.

Y el artículo 9º, que también fue declarado inconstitucional, excluyó al Poder Judicial del sistema de pago de sentencias establecido en el Código General del Proceso obligándolo a cubrir los juicios en su contra con fondos propios y no con el respaldo de Rentas Generales.

El abogado Roberto Rinaldi, asesor de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo a El Observador que el fallo de la SCJ "genera un escenario totalmente distinto" para retomar la negociación con el Poder Ejecutivo. "Con este fallo, lo que nosotros logramos es desmembrar la solución general que preveía la ley y que quede firme el aumento del 8% que, como dice el artículo de la norma, es una facultad del gobierno", explicó el abogado.

"Ahora el conflicto no se va a centrar en el aumento del 8% sino en que esa partida ya está aprobada", dijo Rinaldi.

Anoche, El Observador intentó sin éxito consultar al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre el alcance de la sentencia de la SCJ. La semana pasada, en medio de las medidas de lucha de los judiciales que llegaron a ocupar durante varias horas diversas sedes, el secretario de Estado había señalado que el gobierno retomaría el proceso de negociación una vez que se conociera la sentencia del máximo órgano del Poder Judicial.

El fallo de la SCJ, que le dio la razón a los funcionarios en cuanto a la inconstitucionalidad de tres de los cuatro artículos de la ley 19.310 objetados, consideró que los reclamantes no están legitimados para plantear la ilegalidad del artículo 3º, que crea una partida total de $ 246 millones "para distribuir entre la totalidad de sus funcionarios", lo que representa un aumento del 8%.

"Ello en tanto ciertamente no existe interés directo y personal de los mismos frente a una disposición que tan solo otorga una partida para aumentar las dotaciones salariales, no condicionando en nada los reclamos que, por adecuación salarial, han deducido los diferentes órdenes de funcionarios que integran el Poder Judicial", dice el fallo de la SCJ redactado por la magistrada Victoria Couto y firmado por Graciela Gatti, Loreley Pera, Cristina Cabrera y Eduardo Turell.

Ante la falta de legitimación considerada por la SCJ, la sentencia no ingresa a considerar el fondo del artículo 3º de la ley 19.310.

Al respecto, Rinaldi, el abogado de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo que "el hecho de que el artículo 3º no haya sido declarado inconstitucional genera un escenario diferente en la negociación aunque no es posible tener claro qué hará el Poder Ejecutivo".

De todos modos, el abogado dijo que le "llama la atención" la posición de la SCJ en cuanto a la falta de legitimidad para reclamar la ilegalidad de esa norma. Los judiciales exigen un aumento de 26%. l