Falta de juez afecta investigación del crimen de pareja paraguaya

El lunes 15, el Tribunal de Apelaciones Penal de 3º Turno concedió la inhibición a la jueza Marcela Vargas, que inicialmente estuvo a cargo del caso y que alegó que estaba impedida de intervenir en la causa porque la adolescente de 16 años que murió atropellada por la camioneta en la que circulaba la pareja extrajera era hija de una de las actuarias del juzgado.

Lo mismo alegó Benítez, por lo que teniendo en cuenta que su planteo también será analizado por el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno, es muy factible que se acepte su inhibición. Los integrantes de la sala prevén reunirse este martes para tratar el tema. Si se le permite apartarse del caso, el juez deberá derivar el expediente a otro juez de Ciudad de la Costa aunque no sea de la materia penal.

Y en tanto no está claro qué juez tendrá a su cargo definitivamente la investigación por el homicidio del matrimonio paraguayo compuesto por Ramón Quevedo Arce y Claudia Guerrero, la Policía estima que esa situación puede terminar perjudicando el normal curso de la investigación. Para empezar, ya pasaron dos semanas del homicidio y solo declaró el dueño de la casa que alquilaba el hombre asesinado.

Una fuente de la Jefatura de Policía de Canelones dijo a El Observador que la investigación de alguna forma puede seguir, pero que existen procedimientos que se tienen que coordinar y que dependen del juez a cargo. Benítez planteó lo que establece el Código de Ética Judicial Iberoamericano en su artículo 11º: "El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así".

Presunción

El viernes pasado, la jueza penal de Montevideo Helena Mainard procesó con prisión a dos hombres por los homicidios de un hombre de 26 años y un bebé de 15 meses en el barrio Casabó el 30 de enero. La hipótesis de la Policía de Canelones es que esos individuos están relacionados al crimen del matrimonio paraguayo, pero todavía no se logró reunir todas las pruebas necesarias, dijeron fuentes del caso.

Como ambos fueron enviados a la cárcel por el caso de Casabó, la investigación policial por el crimen de Solymar seguirá su curso y la intención es recabar pruebas sólidas para poder incriminarlos pero sin la premura que existiría si no hubieran sido privados de libertad.