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Familia de Sosa reclama tenencia de los niños: "Fueron víctimas y testigos de un delito"
Luego de que la jueza de Familia Alicia Vega dispusiera que los hijos de Valeria Sosa –asesinada por su expareja de un disparo el 30 de enero- se quedaran provisoriamente con sus abuelos paternos, la familia materna de los niños apeló la sentencia. Para la familia de Sosa, la actuación de Vega no tuvo en cuenta "derechos que estaban contemplados, como el de ser escuchados y que se tenga en cuenta su opinión", según dijo a El Observador su abogada, Virginia Cáceres.
Cáceres relató que en el escrito presentado se destaca que los niños, de 7 y 11 años, "fueron víctimas y testigos de un delito", lo que los puso en una "situación aún mayor de vulnerabilidad". "Obviamente hay que valorar el desarrollo y el contexto de los niños", expresó.
Una de las justificaciones de Vega sobre su resolución fue que los niños fueron "víctimas secundarias de la lastimosa pérdida de la madre en circunstancias violentas", según manifestó en diálogo con El Observador la semana pasada.
El sábado, a raíz del escrito presentado por la familia de Sosa, la Fiscalía de la Nación pidió que la tenencia pasara a los abuelos maternos. Además, el viernes El Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia Doméstica (CAVID) del Ministerio del Interior, entregó un informe a Vega en el que se recomienda rever la custodia provisoria de los niños ya que se entiende que están "en riesgo psicoemocional" por un ambiente "no propicio", lo que requiere medidas "urgentes".
Mañana martes es el último día que tiene la familia paterna para presentar sus descargos y que la jueza tome una resolución.
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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) realiza una investigación a la jueza Vega para conocer con detalle qué sucedió con el caso.
"Las sanciones disciplinarias más duras"
El homicida de Sosa era policía y la mató frente a sus hijos con su arma de reglamento. Sosa lo había denunciado en 2015 pero la denuncia nunca llegó a la Justicia y tampoco se activó un protocolo del Ministerio del Interior que rige desde ese mismo año que establece que se debe quitar el arma de reglamento a un policía denunciado por violencia doméstica o de género.
El Ministerio del Interior inició una investigación que puede terminar en la destitución de los responsables. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, manifestó en una columna publicada en la web de la cartera que "en el caso de Valeria Sosa, los protocolos no se cumplieron y quien o quienes se determinen que son responsables de ello tendrán las sanciones disciplinarias más duras".
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"Somos conscientes que el daño es irreparable y por eso debemos redoblar los esfuerzos y por sobre todas las cosas no podemos olvidarnos de los niños que fueron víctimas presenciales de esta dramática escena y seguramente de episodios de violencia anteriores", sostuvo y agregó: "Es hora, también, de revisar qué sucede con los femicidas luego de procesados, ¿dónde y cómo se cumplen las penas? ¿Cómo es evaluado el femicida a la hora de alojarlo en las distintas unidades de internación para personas privadas de libertad? ¿Qué mensajes estamos dando a quienes asesinan a sus parejas o exparejas y sobre todo a nuestra sociedad?".
Carrera sostuvo que se solicitó al Instituto Nacional de Rehabilitación un protocolo de actuación para esos casos.
