Familia de testigo asesinada demandará al Estado por negligencia

Piden US$ 200 mil por haber retirado la vigilancia policial que la victima había solicitado

La familia de la mujer asesinada como represalia por haber testificado en un homicidio presentará una demanda por US$ 200 mil contra el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, por "no haber actuado con la debida diligencia" para proteger a un testigo. El abogado demandante, Ramiro Viera, dijo a El Observador que el Estado fue "negligente" al retirarle la custodia policial que ella había solicitado luego de recibir amenazas.

El pasado 4 de abril Coni asistió a una reunión en una casa del asentamiento La Cachimba del Piojo, donde ella y otras seis personas solían juntarse a consumir drogas. Ese día, el enfrentamiento entre dos jóvenes por una dosis de pasta base, terminó en un homicidio, del que Coni fue testigo.

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Por eso, y porque luego había recibido amenazas, cerca del 28 de abril la joven solicitó vigilancia policial, la cual le fue concedida hasta el 9 de mayo. Un día después de que dicha vigilancia fuera retirada, una persona de 22 años se le acercó, la apuntó con su arma, le dijo: "esto es por alcahueta", y le disparó en la cabeza. Murió minutos más tarde.

El caso generó un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, quienes aportaron versiones opuestas sobre quién había decidido dar por finalizada la custodia policial. Mientras que para el ministerio fue el juez Ricardo Miguez, quien decidió retirar la vigilancia luego de que la policía diera cuenta de que la joven se había mudado, el magistrado aseguró a El Observador que él se enteró de que la joven ya no estaba siendo custodiada recién cuando fue asesinada.

Viera dijo que la familia "quiere saber la verdad, qué fue lo que pasó, quién dejó de protegerla, y hacer que el Estado se haga responsable de esa decisión". El abogado aclaró además que la joven no se mudó como lo asegura la policía, sino que se ausentó algunas horas.

A raíz de este caso, tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguraron que se hará una investigación administrativa para saber qué ocurrió.

Según indicaron desde el ministerio, no existe documento escrito y firmado por el magistrado que dé cuenta de la decisión de retirar la custodia, ya que por procedimiento los jueces dan este tipo órdenes por teléfono, sin que quede otro registro que el cuaderno de novedades de la policía.

Chediak dijo que se trata de un episodio grave porque puede "desestimular a quien quiera declarar (...) por miedo a represalias". Además apuntó a que el tema se debe investigar porque la muerte de la joven implica que hubo una falla en "el resorte indispensable para motivar a declarar" a testigos de delitos.

Viera dijo, además, que la joven fue presionada para dar su testimonio, a pesar de que primero se negó a declarar por miedo a represalias. El abogado contó que debido a que Coni tenía antecedentes penales, el juez Miguez le dijo que si no testificaba en el caso sería procesada por 12 años, y que no volvería a ver a su hijo de seis años hasta que éste tuviera 18.

El Observador intentó comunicarse sin éxito con el magistrado.


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