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Fiasco total en Cataluña
Fue un fiasco costoso el intento de Mariano Rajoy de suprimir por la fuerza el referéndum ilegal convocado por el movimiento separatista de Cataluña. La represión policial del referéndum en las cuatro provincias catalanas, con más de 600 heridos y duramente censurado dentro y fuera de España, no solo tuvo el efecto adverso de fortalecer el movimiento independentista. Vastos sectores del conglomerado autónomo que preferían mantener la unidad del país han pasado a simpatizar con los separatistas, en reacción contra la violencia aplicada por el gobierno central de Madrid para impedir el referéndum del domingo 1º. El presidente Rajoy, por otra parte, queda debilitado por las críticas de partidos liberales y de centro izquierda que respaldaban la unidad territorial y que pueden buscar ahora sacar rédito político del desprestigio en que ha caído el minoritario gobierno del conservador Partido Popular.
Rajoy tiene razón en combatir la disgregación del país. Pero optó por el peor camino imaginable para evitarlo. Es cierto que el referéndum era ilegal pues no se puede convocar unilateralmente según la Constitución vigente. También era necesario, en caso de realizarse, un control independiente que obviamente no hubo. De ahí lo relativo del valor de las cifras de votantes a favor delsí. El presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont, en violación del propio Estatuto de Autonomía, ya anunció que pedirá al Parlamento regional que confirme el separatismo y que reclamará a la Unión Europea que actúe contra “la intransigencia y la represión” del gobierno central. La UE rechazó de inmediato el pedido catalán pero también censuró la represión del gobierno central.
Los reclamos de Cataluña, la región más próspera e industrializada de España, tienen básicamente una índole económica. Desde que la dictadura de Francisco Franco le impuso severas restricciones al término de la guerra civil en 1939 por su resistencia armada, sus gobernantes protestan por contribuciones financieras al gobierno central que consideran desmesuradas. Pero impera también un contexto histórico que se arrastra desde hace siglos. El separatismo tomó renovada fuerza a partir del siglo XVII y culminó en 1931, cuando un arrollador triunfo electoral del movimiento de izquierda Esquerra Republicana ganó en elecciones regionales y generó la proclamación de Cataluña como república. Luego se negoció con Madrid un acuerdo de autonomía, eliminado finalmente por Franco aunque renovado décadas más tarde.
El ansia independentista, que fue creciendo en la población catalana, fue torpemente ignorada por Madrid, aferrándose a la Constitución de 1978. El camino razonable del gobierno central debió ser negociar con las autoridades catalanas un régimen de asociación económica menos gravoso para esa región. Esta opción es ahora más difícil que nunca y los puentes se han roto con los actuales protagonistas. El fervor separatista se ha exacerbado. El resultado es una oscura incertidumbre sobre el futuro español. La latente rebelión catalana ante el gobierno central se profundizará en vez de atenuarse, a menos que ambas partes entiendan la necesidad de negociar. Para ello, es preciso que alguien en Madrid comprenda los cambios culturales –entre ellos el auge de los nacionalismos– de los últimos años y que alguien en Cataluña entienda el valor de la ley vigente en el país. España y Cataluña merecen algo mucho mejor que el fiasco ocurrido el pasado domingo 1° de octubre
