Figueredo busca evitar que caiga acuerdo con Fiscalía

No terminó de pagar apartamentos que entregó al Estado
El 1º de junio se inauguró el hotel Hyatt Centric Montevideo sobre la rambla de Pocitos, donde el exdirigente de fútbol Eugenio Figueredo compró cuatro propiedades antes de ser procesado con prisión por estafa y lavado de dinero. El fiscal Juan Gómez, que pidió su procesamiento, firmó un acuerdo con Figueredo que establece una reducción de su pena a cambio de la entrega todas sus propiedades, valuadas en más de US$ 10 millones. Figueredo incluyó entre sus bienes los cuatro apartamentos en el hotel Hyatt pero aún no ha terminado de pagarlos. El exdirigente, que fuedemandado por los desarroladores del hotel por falta de pago, firmó en las últimas horas dos acuerdos para saldar las deudas, para conservar los bienes que prometió al Estado y para evitar así que su acuerdo con Fiscalía caiga, informaron fuentes del caso a El Observador.

La esposa de Figueredo, María del Carmen Burgos, es la beneficiaria final de la sociedad anónima Gilson Overseas, informó Búsqueda en base a los Panamá Papers. A través de Gilson Overseas, Figueredo y su esposa adquirieron los derechos de la renta de cuatro habitaciones en el hotel Hyatt. Pero la detención del entonces vicepresidente de FIFA en Suiza el 27 de mayo de 2015 y el posterior congelamiento de sus cuentas bancarias por orden judicial impidieron que continuara pagando las cuotas. Por esa razón, el fideicomiso Imperiale Rambla y la sociedad Dilony SA, que organizó el negocio y se encargó de la obra, entablaron demandas civiles contra Figueredo por los saldos impagos.

El exdirigente incluyó en el acuerdo con el fiscal Gómez los cuatro apartamentos en el Hyatt pero omitió mencionar que aún no había pagado todas las cuotas. Estas deudas y las demandas ponen en riesgo el acuerdo con Fiscalía porque si la Justicia no puede expropiar estos bienes, la reducción de la pena no corresponde.

Ante esa situación, Figueredo firmó dos acuerdos en los últimos días: uno con Dilony y otro con el fideicomiso Imperiale Rambla. En estos pactos, el exdirigente se compromete a pagar las deudas, que rondan los US$ 200 mil, utilizando los fondos bancarios que fueron congelados por la Justicia, mientras que Dilony y el fideicomiso se comprometen a desistir de las demandas civiles en su contra.

Aún queda un paso para saldar el asunto: la aprobación de estos acuerdos por parte de la fiscal María de los Ángeles Camiño, que sucedió a Gómez, y de la jueza María Helena Mainard.

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