Opinión > Editorial
Fin de un entredicho rioplatense
Años de entredicho rioplatense, alentado por el kirchnerismo y ambientalistas entrerrianos, han quedado superados
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05 de noviembre de 2016 a las 05:00
Años de infundado entredicho rioplatense, alentado por el kirchnerismo y por los seudoambientalistas entrerrianos, han quedado superados con la confirmación binacional de que la planta de celulosa de UPM no contamina el fronterizo río Uruguay. El informe, tardíamente emitido por primera vez en forma conjunta sobre la calidad del agua, es producto del nuevo clima de cordiales relaciones normales entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay, fracturado durante más de una década por las presidencias del matrimonio Kirchner.
Los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez le pusieron fin al acordar tiempo atrás que los controles de contaminación abarquen las plantas de los dos países y se den a publicidad.
Ambos cursos habían sido frenados por el kirchnerismo, pese a que los ordenaba el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el juicio que nos había iniciado el gobierno de Néstor Kirchner.
Pero el acuerdo lógico entre Macri y Vázquez ha resultado en la concluyente conclusión del comité científico binacional, luego de estudiar muestras recogidas entre 2011 y 2015, de que los efluentes de UPM están dentro de los parámetros permitidos y que algunas desviaciones puntuales en el pasado fueron corregidas hace tiempo. El monitoreo por la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay incluso se extenderá en diciembre a la totalidad del río, abarcando plantas más antiguas y menos seguras del lado argentino.
El nuevo sistema de control, que incluirá la construcción de un moderno laboratorio binacional para no depender de los de Canadá como hasta ahora, pone fin a un conflicto que se generó en 2002. El entonces presidente Jorge Batlle autorizó a Botnia, hoy UPM, a construir en Fray Bentos la primera planta de celulosa del país. Su decisión fue la base del pujante desarrollo actual de procesamiento de la producción maderera, que se ha convertido en el segundo rubro de exportación del país y que está por expandirse con una tercera planta.
Pero Batlle omitió buscar autorización previa del gobierno argentino, como requerían las normas vigentes. Fue una actitud de sentido común dada la certeza de que el acuerdo sería negado, lo que significaba certificado de segura defunción para lo que es hoy una industria vital. En represalia porque la empresa finlandesa prefirió radicarse en la costa uruguaya y no en la de Entre Ríos, el kirchnerismo desató una campaña de hostilidad que incluyó el cierre de los puentes fronterizos, frecuentes manifestaciones violentas en los puentes y en el río y hasta un juicio internacional que terminó favorable a Uruguay.
Todo esto ha quedado atrás. Las cancillerías de los dos países tendrán a partir de ahora el cometido de unificar los estudios sobre las condiciones operativas de las plantas en ambas márgenes del río Uruguay y sus afluentes para confeccionar un único informe periódico sobre la calidad del agua. Es lo que debió hacerse desde hace mucho tiempo, especialmente después de haberlo ordenado el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que durante muchos años fue imposible por el resentimiento en sectores del país vecino a partir de que Botnia prefirió la transparencia y la seguridad jurídica y operativa de Uruguay al tembladeral institucional de Argentina bajo los gobiernos kirchneristas.
Los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez le pusieron fin al acordar tiempo atrás que los controles de contaminación abarquen las plantas de los dos países y se den a publicidad.
Ambos cursos habían sido frenados por el kirchnerismo, pese a que los ordenaba el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el juicio que nos había iniciado el gobierno de Néstor Kirchner.
Pero el acuerdo lógico entre Macri y Vázquez ha resultado en la concluyente conclusión del comité científico binacional, luego de estudiar muestras recogidas entre 2011 y 2015, de que los efluentes de UPM están dentro de los parámetros permitidos y que algunas desviaciones puntuales en el pasado fueron corregidas hace tiempo. El monitoreo por la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay incluso se extenderá en diciembre a la totalidad del río, abarcando plantas más antiguas y menos seguras del lado argentino.
El nuevo sistema de control, que incluirá la construcción de un moderno laboratorio binacional para no depender de los de Canadá como hasta ahora, pone fin a un conflicto que se generó en 2002. El entonces presidente Jorge Batlle autorizó a Botnia, hoy UPM, a construir en Fray Bentos la primera planta de celulosa del país. Su decisión fue la base del pujante desarrollo actual de procesamiento de la producción maderera, que se ha convertido en el segundo rubro de exportación del país y que está por expandirse con una tercera planta.
Pero Batlle omitió buscar autorización previa del gobierno argentino, como requerían las normas vigentes. Fue una actitud de sentido común dada la certeza de que el acuerdo sería negado, lo que significaba certificado de segura defunción para lo que es hoy una industria vital. En represalia porque la empresa finlandesa prefirió radicarse en la costa uruguaya y no en la de Entre Ríos, el kirchnerismo desató una campaña de hostilidad que incluyó el cierre de los puentes fronterizos, frecuentes manifestaciones violentas en los puentes y en el río y hasta un juicio internacional que terminó favorable a Uruguay.
Todo esto ha quedado atrás. Las cancillerías de los dos países tendrán a partir de ahora el cometido de unificar los estudios sobre las condiciones operativas de las plantas en ambas márgenes del río Uruguay y sus afluentes para confeccionar un único informe periódico sobre la calidad del agua. Es lo que debió hacerse desde hace mucho tiempo, especialmente después de haberlo ordenado el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que durante muchos años fue imposible por el resentimiento en sectores del país vecino a partir de que Botnia prefirió la transparencia y la seguridad jurídica y operativa de Uruguay al tembladeral institucional de Argentina bajo los gobiernos kirchneristas.
