Firmas del interior se distancian de la Cámara de Comercio por salarios

Confederación Empresarial del Uruguay marcó sus diferencias con esa organización

La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) -una gremial que reúne a 25 asociaciones, cámaras y centros comerciales e industriales ubicados fuera de la capital y que representa a unas 8 mil empresas- no se siente representada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS).

De hecho, en este momento la CEDU califica a su postura como "diametralmente opuesta" a la de la CNCS. Pide, además, parar con el "centralismo" que, dice, sufre.

Por este motivo, durante el pasado fin de semana, el consejo directivo de la CEDU tomó la decisión de comunicar su intención de pasar a ocupar el rol de representante de los empresarios, por ejemplo, en los consejos de salarios. Hasta el momento, es la CNCS quien los representa en estos ámbitos.

El directivo de la CEDU Julio Paillex (de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera ) dijo a El Observador que los temas que inquietan a la gremial del interior del país no son los mismos que los dirigentes de la CNCS exponen como primordiales frente a la opinión pública y los diferentes actores del gobierno.

Como muestra de esta falta de sintonía, Paillex -quien en la mañana de ayer había hablado de este tema con radio El Espectador- mencionó las alertas sobre el empleo que la CNCS ha lanzado en las últimas semanas.

"Son una cantidad de pequeñas cosas que hacen que a veces una empresa chiquita que era sustentable deje de serlo. Nuestra preocupación es que no se vayan a perder puestos de trabajo por cosas de estas", dijo el presidente de la CNCS, Carlos Perera, a la salida de un encuentro con el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori, la semana pasada. Se refería a los cambios realizados por el Poder Ejecutivo en las pautas salariales.

En esa reunión, la gremial también manejó cifras sobre la pérdida de empleos en el sector y recordó que este año hay 10 mil puestos menos.

Frente a este planteo, Paillex sostuvo que los posibles incrementos de los salarios de los trabajadores no son la principal causa de desvelo para la CEDU, sino que sus preocupaciones pasan por "medidas para-arancelarias". En este terreno nombró los aranceles que los comercios pagan a los sellos emisores de tarjetas, que, dijo, son más altos que los que abonan las grandes superficies. También hizo referencia a las promociones que ciertos bancos ofrecen con las empresas de mayor porte pero no con los más chicos. Este tipo de asimetrías, reafirmó, es lo que buscan modificar desde la gremial de empresarios del interior.

El hecho de que los bancos y los sellos emisores sean también socios de la CNCS complica todavía más el panorama, porque desde la CEDU entienden que están siendo representados por una gremial que también alberga a sus "adversarios" en este terreno.

De acuerdo a Paillex, ambas gremiales tienen diferencias en su "visión país", a lo que agregó que no quieren "profundizar la brecha" entre patrones y trabajadores. "Estamos a favor del trabajador, porque es nuestro cliente", dijo. En cambio, afirmó, el planteo de la CNCS hace ver al empresariado como "el enemigo del trabajador".

"No nos va a cambiar la viabilidad dar un ajuste de más, menos equis por ciento de los salarios", añadió el dirigente.

Hace más de un año y medio que la gremial baraja la posibilidad de demandar ser la pata empresarial de los comercios del interior a la hora de negociar. Ahora, la CNCS envía a sus técnicos a estas instancias, de las cuales no participan los "directamente involucrados".

"Somos nosotros los que creamos los emprendimientos en el interior", subrayó Paillex.

Consultado al respecto, en tanto, Perera dijo no estar en conocimiento de este planteo.

Camino judicial por la ley de inclusión

A principios de agosto El Observador había informado que un grupo de empresarios del interior del país, miembros de CEDU, se estaban preparando para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley de inclusión financiera (LIF), promulgada en 2014. Desde hace un tiempo la gremial pelea por lograr una reducción de los aranceles que los sellos emisores de tarjetas cobran por cada operación que se realiza en sus comercios. Más allá de continuar en la búsqueda de esta rebaja, ahora apuestan también a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare inconstitucional un artículo de la ley, el 64, que refiere a la equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico.


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