Fiscal de Corte busca impulsar causas de crímenes en dictadura

En menos de 20 meses, en enero de 2017, entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que traslada a los fiscales la dirección de las investigaciones penales.

Los jueces, que hoy conducen las investigaciones, cederán entonces ese lugar a los fiscales.

En ese marco, el fiscal de Corte considera necesario que el Parlamento apruebe una ley orgánica para reestructurar la Fiscalía. Esa ley deberá permitirle, según Díaz, crear unidades especializadas de investigación. El fiscal de Corte informó a El Observador que, si prospera la iniciativa en el Parlamento, una de esas unidades se encargará específicamente de las violaciones a los Derechos Humanos y, por lo tanto, de los crímenes de la dictadura.

Díaz, a diferencia de la mayoría de los ministros de la Corte, considera que las torturas y los homicidios cometidos por militares entre 1973 y 1985 son graves violaciones a los Derechos Humanos y, por lo tanto, los delitos no prescribieron. En ello, Díaz coincide con el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En febrero de 2011, la CIDH condenó al Estado uruguayo a determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, mediante una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman, “ésta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad”, expresa el fallo de la CIDH.

Tanto Pérez Manrique como Díaz consideran clave este fallo. Pérez Manrique fue el único ministro de la Corte que presentó discordia en la sentencia que absolvió a Zabala del crimen de Castro en 1977 y, para ello, apeló, entre otros argumentos, al fallo de la CIDH y respaldó la postura de Díaz. “Se coincide con el fiscal de Corte cuando en su dictamen señala que (…) no son aplicables las normas de prescripción contenidas en el Código Penal, cuando se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en Uruguay (aplicando el caso Gelman vs. Uruguay)”, expresa el ministro Pérez Manrique en la sentencia firmada el 22 de abril de 2015.

Si la iniciativa de Díaz prospera y el Parlamento aprueba una ley orgánica de la Fiscalía que permita crear unidades especializadas de investigación, como existe en Argentina, por ejemplo, las causas sobre delitos cometidos en dictadura serán retomadas desde una nueva perspectiva. No serán los jueces los encargados de dirigir las investigaciones, sino fiscales capacitados en ese tipo de crímenes.

Violencia de género

Para el fiscal de Corte, la investigación criminal debe focalizarse en fenómenos, en lugar de indagar caso a caso, como sucede hoy. Investigar fenómenos permite capacitar a los fiscales en esos asuntos. Esos son los argumentos que llevan a Díaz a planificar una estructura de unidades especializadas que trabajen con los fiscales o que, directamente, se encarguen de la investigación.

Algunas de estas unidades se encargarían de fenómenos estructurales y permanentes, como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero (asuntos de los hoy se encargan los dos fiscales especializados en crimen organizado), los homicidios y los delitos contra la propiedad.

A su vez, el fiscal de Corte prevé crear unidades especializadas de investigación que respondan a problemas coyunturales.

En ese sentido, crearía la unidad especializada en Derechos Humanos para investigar los crímenes durante la dictadura y otra unidad especializada en violencia de género.

Díaz planifica además una reestructura para descentralizar la Fiscalía, por la que dividiría a Montevideo en cuatro zonas.