Fiscal de Corte criticó falta de política criminal y rigor de penas por rapiña

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió sobre "la hipocresía" del actual sistema de Justicia y lamentó que en Uruguay "no hay una política pública de seguridad armonizada".

"Ustedes saben lo que pasa hoy en los juzgados: el principio de oportunidad (para investigar o no ciertos delitos) se ejerce a troche y moche sin ningún criterio legal previo, sino a criterio del fiscal y el juez y no pasa nada", expresó Díaz al exponer el martes sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) ante un auditorio de unos 40 abogados y estudiantes en la Universidad de Montevideo. "El Estado tiene que tener una única política criminal", insistió.

Díaz considera que para evitar que haya tantos criterios para investigar como magistrados, el fiscal de Corte debería brindar instrucciones generales en materia de política criminal a los fiscales penales. En esas indicaciones, el jefe del Ministerio Público establecería la persecución de qué delitos se debe priorizar porque sostener "que se puede perseguir todos los delitos es una utopía".

En ese sentido, sostuvo que las cuatro acciones básicas que componen una política de seguridad pública (prevención, intervención policial, investigación y persecución de delitos) "deberían estar entrelazadas estratégicamente y armonizadas", pero eso, dijo, no sucede en la actualidad por la pluralidad de criterios existentes entre jueces y fiscales.

Díaz también señaló el excesivo uso de la prisión preventiva (ver aparte) y la falta de reparación de las víctimas.

"Hoy el individuo que va por una rapiña de unos championes hecha con un cortaplumas recibe cinco años y cuatro meses de pena mínima. De repente tiene 18 años y es primario absoluto y lo estamos mandando a la cárcel. Lo que estamos haciéndole es arruinándole la vida. Ahí queda insatisfecha la víctima, el Estado gasta un fangote de plata manteniendo a la persona cinco años y cuatro meses presa y al individuo le arruinas la vida", ejemplificó el fiscal de Corte. El Código Penal establece una pena de cuatro a 16 años de cárcel para las rapiñas. De 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría para un homicidio, y de ocho a 24 años para el copamiento.

La Corte rechaza prórroga

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuestionó en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea, por razones presupuestales, postergar hasta 2019 el sistema de audiencias penales orales públicas que está previsto que comience a regir en 2017.

El mes pasado, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que posterga ese aspecto del nuevo esquema procesal penal aunque sí comenzará a regir el modelo acusatorio donde los fiscales tendrán la tarea de dirigir las investigaciones y las nuevas normas que establecen que la prisión preventiva debe aplicarse en casos excepcionales.

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, expresó ante los legisladores que al máximo órgano del Poder Judicial le hubiera "gustado" tener una "oportunidad de diálogo" con el Poder Ejecutivo para hacer aportes y mejorar el proyecto de prórroga de vigencia total del nuevo CPP promovido por el gobierno.

"Aplicaríamos una parte del Código: la primera parte, luego la final y dejaríamos la médula, en principio, para el 1º de febrero de 2019", expresó Chediak, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado del martes pasado.

Chediak también advirtió la complejidad que se generaría si se posterga hasta 2019 el capítulo del nuevo CPP que establece las audiencias orales y públicas: "Vamos a necesitar juzgados que sigan entendiendo en los expedientes con los procedimientos de 1980, algunos que van a estar con el procedimiento intermedio de 2017 y otros que deberán empezar a aplicar el Código con el procedimiento de 2019. Eso es extremadamente complejo y requiere más jueces de lo que hubiera requerido la implementación normal de un proceso a otro".

"Creo que, realmente, estamos haciendo una apuesta muy riesgosa, porque la idea de todos aquellos que hemos trabajado en alguna rama del gobierno en este Código es que el sistema mejore. Me parece que no tiene sentido invertir en inteligencia, horas hombre, horas mujer, dinero y creaciones para que más o menos todo siga funcionando de la misma manera", añadió el presidente de la Suprema Corte.

Chediak: "No se puede hacer reformas sin costo"

El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, dijo que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto que no estipula "ninguna previsión" para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Y tomando en cuenta que la próxima instancia presupuestal es la Rendición de Cuentas de 2016 "no hay tiempo material para ponerlo en práctica".
El proceso para reformar el CPP comenzó en 2005, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez. El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo que en ese momento se planteó que si no había fondos para aplicarlo "no tenía sentido siquiera comenzar". "Sin embargo, se nos pidió que redactáramos el Código, ya que los fondos iban a aparecer. Es interesante el hecho de que el Ministro de Economía y Finanzas de la época es el actual", afirmó Chediak para aludir a Danilo Astori pero sin nombrarlo. "No se pueden hacer reformas procesales sin costo", afirmó.