Fiscal pidió la detención de otros tres policías por crimen en Coyote

Poco más de un día después de que el joven Nicolás Cuña fuera asesinado de un disparo en la puerta del boliche Coyote, el juez Nelson Dos Santos procesó con prisión a tres efectivos de la Guardia Republicana por estar implicados en el caso. A uno de ellos, el magistrado lo procesó por el delito de homicidio y riña y a los otros dos por "riña con resultado de muerte".

El policía al que se le imputó el homicidio hacía cuatro años que prestaba servicio en la Republicana, mientras que los otros trabajaban desde hacía 15, informaron a El Observador fuentes del caso. Los tres estaban trabajando como seguridad en Coyote para una fiesta denominada "Candy", a la que podían asistir adolescentes desde los 14 años y habían sido contratados por el boliche, algo que es considerado una irregularidad. Uno de los procesados negó ante el juez haber utilizado el arma de reglamento de la Republicana.

Además de esos procesamiento con prisión, la Justicia continúa investigando a más posibles implicados, entre los que se encuentran otros tres efectivos de la Republicana que estaban trabajando en las mismas condiciones.

Según pudo saber El Observador, el fiscal del caso, Gustavo Zubía, pidió la detención de esos policías.

A raíz de lo sucedido, la Guardia Republicana iniciará una investigación para aclarar si los funcionarios procesados tienen "conexión" con otros que también hayan desempeñado tareas de seguridad privada en Coyote, cosa que de por sí no representa un delito sino que configura una falta administrativa, informaron a El Observador fuentes policiales.

Los policías, según la ley de Procedimiento Policial, no pueden realizar tareas particulares vinculadas a la seguridad, aunque sí pueden desempeñarse en otros rubros. Los servicios 222 se han ido reduciendo en los últimos años y, de hecho, cada funcionario tiene un tope máximo de 50 horas mensuales por esa tarea. Las fuentes indicaron que ninguno de los policías procesados estaba inscripto en el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), sistema creado en abril por el Ministerio del Interior y que aumentó el patrullaje en varias zonas con una mayor carga horaria para el personal, que recibe una compensación salarial.

La Justicia también quiere indagar a los dueños de Coyote por una posible sobreventa de entradas. Como el propietario está fuera del país, citará a su esposa. La sobreventa de entradas no fue comprobada por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). El prosecretario de la comuna, Christian Di Candia, aseguró a El Observador que la inspección municipal se realizó sobre la hora 1.30 de la madrugada del lunes y se contabilizaron unas 900 personas dentro del local, cuando la capacidad máxima del boliche es de 1.100.

Los inspectores notificaron a los encargados de Coyote que con 200 personas más se llegaría a la capacidad habilitada, por lo que el boliche resolvió cerrar la puerta para poder organizar la entrada de quienes todavía se encontraban afuera.

La situación se salió de control porque cientos de jóvenes que esperaban entrar empezaron a realizar una avalancha, a la que siguieron pedreas y disparos.

Según relatos de vecinos, los primeros tiros se escucharon sobre las 2.15 y siguieron –con algunos intervalos– hasta pasadas las 4 de la madrugada, cuando Cuña fue baleado y murió.

La Policía encontró unos 10 casquillos de balas en el lugar, pero se estima que hubo más disparos.

Di Candia planteará hoy el asunto en la reunión del gabinete municipal.

El procesecretario sostuvo que hay dos denuncias por ruidos molestos presentadas ante la comuna, que pueden derivar en sanciones.

Por su parte, el boliche anunció el cierre hasta tanto "no se den las garantías y condiciones debidas", indicó en su página de Facebook.

A su vez, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) se encuentra investigando si en la fiesta, que había recibido una habilitación para que pudieran ingresar menores desde los 14 años, se vendía alcohol.