Fiscal trasladado por "horrores" en caso de violación en Rivera

"Lamentablemente acá hubo errores inexcusables y burocracia que hicieron que una adolescente de 12 o 13 años, prácticamente una niña, quedara bajo el dominio de su abusador durante más de siete años y eso es absolutamente inaceptable", dijo Díaz ayer en conferencia de prensa.

El caso se remonta a enero de 2009, cuando una psicóloga que realizaba trabajo social en Rivera denunció que una adolescente de 13 años cursaba un embarazo de seis meses y que se presumía que podía ser producto de los abusos de su padre, que ya tenía antecedentes por violación.

A mediados de 2010, un juez archivó al caso porque no hubo denuncia de la madre de la menor ni la adolescente. Un año mas tarde, en junio de 2011, un médico denunció que la menor estaba embarazada nuevamente y que el bebé se encontraba internado en el hospital de Tacuarembó producto de una malformación. En ese momento, Chiecchi, pidió una pericia de ADN que concluyó que "los dos hijos de la adolescente habían sido engendrados por su padre", afirmó Díaz.

Según el fiscal de Corte, Chiecchi (que luego siguió con su carrera como fiscal y en 2014 había sido designado al frente de una sede penal de Montevideo) cometió dos fallas: la primera no apelar la decisión del juez que clausuró el caso y el segundo, ante la nueva denuncia, haber entendido que se trataba de una situación de incesto y archivar al expediente por la falta de escándalo público que requiere ese ilícito, de acuerdo con el Código Penal.

"El segundo error inexcusable, por no decir horror inexcusable, es que nunca se estuvo ante un caso de incesto sino ante una violación", dijo el fiscal de Corte.

"Nunca se debió hablar de incesto. Hablar de incesto en este caso implica sostener que puede haber relaciones consensuadas entre un padre de 50 años con antecedentes por violación con una niña de 13 años, y eso es absolutamente insostenible", agregó Díaz, que afirmó que se trara de una situación "desagradable" para el Ministerio Público, pero de igual modo, en su condición de jerarca, entendió que debía "dar la cara" por la institución.

El padre abusador, finalmente, fue procesado a comienzos de julio tras una tercera denuncia pero se suicidó en la cárcel horas más tarde. El hombre, siete años y medio después de la primera denuncia, fue imputado junto a la madre de la joven, a quien se le aplicó el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

El fiscal de Corte aseguró que el caso "tiene absolutamente todos los parámetros objetivos indicadores del abuso" y cuestionó que durante la instrucción surgieron un "sinnúmero" de elementos que daban cuenta del reiterado escenario de violaciones pero "no fueron considerados".

Ley orgánica

Díaz dijo que tras analizar el caso, decidió el traslado de Chiecchi. Si bien no divulgó el nuevo destino del fiscal, el máximo jerarca del Ministerio Público indicó que pasará a prestar funciones "a una materia que nada tenga que ver con estos temas".

El fiscal de Corte dijo que "lamentablemente", el error de Chiecchi, en principio, no podría ser juzgado a nivel administrativo, ya que la ley orgánica del Ministerio Público no prevé un plazo de prescripción, por lo que se considera lo que estipula la norma que regula a los jueces, que establece un período de dos años.

El máximo jerarca del Ministerio Público afirmó que el caso deja en evidencia la necesidad de reformar la ley orgánica del Ministerio Público, que está a estudio del Senado, y que fija un plazo de seis años para juzgar administrativamente las faltas de los fiscales y habilita al fiscal de Corte a dar instrucciones generales para "priorizar" ciertos delitos, como los sexuales.

Piden informe a juez que archivó en 2010

La Suprema Corte de Justicia pidió al juez Gustavo Iribarren que informe sobre las actuaciones realizadas en 2010 y que derivaron en el primer archivo del caso del hombre que abusó de su hija en Rivera, informó ayer el máximo órgano judicial en un comunicado. El magistrado, que actualmente se desempeña al frente de una sede penal de Montevideo, fue quien ordenó la primera clausura de la investigación debido a que ni la madre de la adolescente ni la menor presentaron denuncia por abuso.