Fiscales "priorizarán" ciertos delitos para investigarlos

La gravedad del delito, la cantidad de víctimas y el grado de afectación de los derechos de esas víctimas; si el delito se cometió con armas, con abuso de autoridad, con abuso de relaciones domésticas, y si el hecho está vinculado a otro de similares características, serán algunos de los criterios que tendrán que tener en cuenta los fiscales a la hora de "seleccionar" los casos que investigarán, cuando entre a regir el nuevo proceso penal dentro de un mes.

Esos criterios forman parte de "la instrucción de priorización del delito" que se aprobó esta semana y la Fiscalía General de la Nación publicó en su página web, y que se propone "racionalizar la persecución penal" para hacer más efectivas las investigaciones y optimizar la respuesta a la totalidad de los hechos delictivos.

La priorización implica que se atenderán primero ciertos casos que se seleccionarán, y para los cuales se asignarán mayores recursos materiales y humanos.

De todos modos, se aclara que esa política no puede ser utilizada para seleccionar casos, y tampoco equivale a una extinción de la acción penal de los casos que no se priorizan, ni una renuncia al deber de investigar y sancionar las conductas delictivas.

La política de priorización implica que en una primera etapa, la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), fijará los delitos que debe ser priorizados. Por ejemplo, ciertos tipos de homicidios.

En base a ese criterio, cada fiscal deberá decidir cómo distribuir los esfuerzos o recursos técnicos y humanos a los casos concretos.

La instrucción determina que se debe analizar "si la víctima precisa protección especial y si se encuentra en situación de vulnerabilidad". Con respecto al victimario se deberá evaluar "si pertenece a una organización crminial, se trata de un delincuente no ocasional, si se valió de la cooperación de inimputables, y si en el hecho participó o colaboró algún funcionario público.

Finalmente, "los fiscales deberán tener en cuenta la trascendencia de llevar el caso a juicio y evaluar la posibilidad -y conveniencia- de derivar el caso a mediación extraprocesal, aplicar una salida alternativa o resolverlo por aplicación del proceso abreviado", indica el documento.

El documento fue aprobada el martes 26 por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales previsto en la ley N° 19.483 que creó el nuevo estatuto de los fiscales, y está integrado por el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la sociedad civil, un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y uno de la Asociación de Fiscales.

Esta instrucción se suma a otras ya establecidas: una para casos no penales; otra para los delitos contra la vida y la integridad física de las personas; contra la salud pública a través del tráfico de drogas; y contra la propiedad, y el abigeato. La última instrucción fija pautas para investigar los delitos sexuales, donde, por ejemplo, se establece que la persecusión de la violencia sexual es una prioridad. Las instrucciones generales están destinadas al mejor funcionamiento de servicio y al cumplimiento de los cometidos en todas las áreas de competencia de la Fiscalía.

Con el nuevo CPP, cada fiscal tendrá un área de competencia según el delito. Habrá 10 fiscales de delitos de flagrancia, que estarán de turno de manera alternada, y habrá fiscalías específicas de homicidios, drogas, delitos sexuales o de género, económicos o corrupción y de violación a los Derechos Humanos.