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Fiscalía denunció a Temer por corrupción pasiva
Temer es investigado también por obstrucción a la justicia y asociación ilícita
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26 de junio de 2017 a las 19:46
La Fiscalía denunció este lunes al presidente brasileño, Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado luego de un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja, informaron fuentes oficiales.
El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.
La denuncia de la Fiscalía se conoció luego que un informe de la Policía Federal indicara que el mandatario intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento..
El informe elevado al Tribunal Supremo, obtenido y publicado por medios locales, complementa otro remitido al mismo tribunal la semana pasada, en el que la Policía Federal concluyó que Temer actuó "con vigor" en tramas de corrupción de las que obtuvo "ventajas indebidas", en alusión a supuestas comisiones ilegales.
Esas conclusiones, que son resultado de las investigaciones abiertas en torno al mandatario por confesiones de ejecutivos del grupo JBS, fueron entregadas al Supremo en vísperas de que, este martes, venza el plazo dado por esa corte a la Fiscalía para decidir si presenta una denuncia formal contra el mandatario.
Los directivos de JBS, que cooperan con la Justicia, aseguraron que sobornan a Temer desde 2010 y que además entregaron unos audios que pueden comprometer al gobernante.
En esa grabación, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
También se escucha a Batista insinuar que paga al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción, grandes cantidades de dinero mensuales a cambio de que no coopere con las investigaciones, frente a lo cual Temer dice: "Tienes que mantener eso, viste".
Según la Policía Federal, el audio no ha sido objeto de ninguna edición, como sostiene la defensa de Temer, y es un indicio de que el presidente incurrió en los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, en conjunto con lo que pudiera ser definido como una "asociación ilícita".
Por las confesiones de JBS, Temer es investigado en el Supremo por esos supuestos delitos: corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La denuncia que se espera que presente la Fiscalía General, que tiene plazo para ello hasta este martes, estará apoyada en los informes que entregó la Policía Federal, que está a cargo de las investigaciones desde el punto de vista técnico.
Si la denuncia es efectivamente presentada, el Supremo analizará el asunto y, si considera que procede, la remitirá a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe decidir sobre la aceptación o no de cargos formulados contra un gobernante en ejercicio del poder.
En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si Temer fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.
Temer accedió a la presidencia de Brasil en agosto del año pasado, el sustituir a la entonces presidenta Dilma Rousseff, que fue apartada de su cargo –lo mismo que ahora podría suceder al mandatario– luego de un proceso de juicio político tras ser acusada de maquillar las cuentas públicas.
Como vicepresidente de Rousseff, Temer, un veterano político, con una extensa trayectoria en el Congreso brasileño, ha estado salpicado desde su asunción por acusaciones de corrupción.
Esas acusaciones lo involucran en forma directa o indirecta, a través de algunos de sus más importantes colaboradores. De hecho, buena parte de los miembros del Congreso fueron condenados por maniobras de corrupción.
El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.
La denuncia de la Fiscalía se conoció luego que un informe de la Policía Federal indicara que el mandatario intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento..
El informe elevado al Tribunal Supremo, obtenido y publicado por medios locales, complementa otro remitido al mismo tribunal la semana pasada, en el que la Policía Federal concluyó que Temer actuó "con vigor" en tramas de corrupción de las que obtuvo "ventajas indebidas", en alusión a supuestas comisiones ilegales.
Esas conclusiones, que son resultado de las investigaciones abiertas en torno al mandatario por confesiones de ejecutivos del grupo JBS, fueron entregadas al Supremo en vísperas de que, este martes, venza el plazo dado por esa corte a la Fiscalía para decidir si presenta una denuncia formal contra el mandatario.
Los directivos de JBS, que cooperan con la Justicia, aseguraron que sobornan a Temer desde 2010 y que además entregaron unos audios que pueden comprometer al gobernante.
En esa grabación, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
También se escucha a Batista insinuar que paga al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción, grandes cantidades de dinero mensuales a cambio de que no coopere con las investigaciones, frente a lo cual Temer dice: "Tienes que mantener eso, viste".
Según la Policía Federal, el audio no ha sido objeto de ninguna edición, como sostiene la defensa de Temer, y es un indicio de que el presidente incurrió en los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, en conjunto con lo que pudiera ser definido como una "asociación ilícita".
Por las confesiones de JBS, Temer es investigado en el Supremo por esos supuestos delitos: corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La denuncia que se espera que presente la Fiscalía General, que tiene plazo para ello hasta este martes, estará apoyada en los informes que entregó la Policía Federal, que está a cargo de las investigaciones desde el punto de vista técnico.
Si la denuncia es efectivamente presentada, el Supremo analizará el asunto y, si considera que procede, la remitirá a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe decidir sobre la aceptación o no de cargos formulados contra un gobernante en ejercicio del poder.
En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si Temer fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.
Temer accedió a la presidencia de Brasil en agosto del año pasado, el sustituir a la entonces presidenta Dilma Rousseff, que fue apartada de su cargo –lo mismo que ahora podría suceder al mandatario– luego de un proceso de juicio político tras ser acusada de maquillar las cuentas públicas.
Como vicepresidente de Rousseff, Temer, un veterano político, con una extensa trayectoria en el Congreso brasileño, ha estado salpicado desde su asunción por acusaciones de corrupción.
Esas acusaciones lo involucran en forma directa o indirecta, a través de algunos de sus más importantes colaboradores. De hecho, buena parte de los miembros del Congreso fueron condenados por maniobras de corrupción.
