Fiscalía de México objeta reformas que buscan proteger gobernadores

Normas que se pretendían aplicar pueden bloquear investigaciones
La Fiscalía de México presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas en los estados de Quintana Roo y Veracruz, cuyo fin es proteger a los gobernadores salientes de futuras investigaciones por corrupción.

El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, aseguró en conferencia de prensa que “ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley”.

“En la lucha anticorrupción no puede haber excepciones” ni “legislaciones locales a modo”, y por ello la Fiscalía presentó las acciones de inconstitucionalidad “para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, señaló.

En Quintana Roo, estado que incluye a Cancún y Playa del Carmen, el Congreso aprobó una nueva fiscalía para sustituir a la Procuraduría de Justicia estatal y el nombramiento de un titular que durará siete años, lo que ha sido interpretado como un “blindaje” para el gobernador Roberto Borge, quien dejará el cargo el próximo 25 de setiembre.

En el estado de Veracruz, los legisladores avalaron la creación de una fiscalía anticorrupción y una sala especializada en la materia en el Poder Judicial estatal, ambas señaladas como leyes de protección al gobernador Javier Duarte, quien dejará el cargo el 30 de noviembre.

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía general, Salvador Sandoval, explicó ayer que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales del SNA, “a efecto que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al sistema nacional”.

Sánchez dijo que en los próximos días Peña Nieto promulgará siete leyes que permitirán poner en marcha el SNA. Una vez ello ocurra, los Legislativos de los estados podrán echar a andar sus sistemas estatales acordes con el SNA.

El subproducador aseguró que las reformas aprobadas en Quintana Roo y Veracruz “no son acordes” al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como fin “concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso de poder, no propiciarlo”.

Las iniciativas aprobadas en Veracruz y Quintana Roo habían sido descritas por la oposición como paquetes de impunidad para sus gobernadores salientes.

Fuente: EFE

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