Fiscalía de San Pablo pidió la prisión preventiva para Lula

El Ministerio Público de San Pablo pidió ayer la prisión preventiva de Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, que había sido detenido el viernes pasado por sus presuntos vínculos con el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araujo, los fiscales encargados del caso, elevaron la petición a la justicia, a la vez que presentaron una denuncia sobre un tríplex en Guarujá. Según la publicación, la Fiscalía argumenta que la prisión preventiva es "necesaria para garantizar el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley penal".

Para la Fiscalía, mantener a Lula en libertad puede implicar una complicación extra debido a que el expresidente podría destruir pruebas que lo incriminaran en el delito. Según Folha de Sao Paulo, en total, el pedido de prisión comprende al ex presidente de OAS, Leo Pinheiro; el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto; Fábio Hori Yonamine, director financiero de OAS; Roberto Moreira Ferreira, el director de OAS a quien se le atribuye la compra del triplex de Lula; Ana Maria Érnica, ex directora de Bancoop; y Vagner de Castro, ex presidente de Bancoop, todos vinculados de alguna manera al fraude de la petrolera estatal.

Este pedido de prisión contra el exmandatario es un nuevo golpe al gobierno brasileño, que además deberá enfrentar el domingo una manifestación multitudinaria convocada por distintas organizaciones.

Según Folha de Sao Paulo, el expresidente podría enfrentar de tres a diez años de prisión por el delito de lavado de dinero y de uno a tres años por el crimen de falsificación. El diario también publicó que su mujer, Marisa Letícia, y uno de los hijos del matrimonio, Fabio Luis Lula da Silva, también fueron acusados por lavado de dinero.

En una conferencia de prensa celebrada ayer luego de la divulgación del pedido de procesamiento, los fiscales negaron que las investigaciones tengan un trasfondo político.

"Nuestro calendario es judicial e importa poco si este o aquel procedimiento tiene alguna repercusión política", explicó en conferencia José Carlos Blat, uno de los fiscales.

Lula ya era investigado por corrupción en el fraude a Petrobras y anteriormente la Fiscalía del estado de San Pablo había denunciado al ex presidente por "ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero", en relación al tríplex en el balneario Guarujá. Lula, uno de los líderes más significativos de la izquierda latinoamericana y mentor político de la presidenta Dilma Rousseff, niega rotundamente ser el propietario del lujoso inmueble en ese lugar.

En paralelo, el mismo apartamento es objeto de investigación en el caso Lava Jato (Lavadero de autos) que desentraña la red de corrupción urdida entre políticos, empresarios y exdirectivos de Petrobras, un caso llevado por el juez Sergio Moro, de la Fiscalía de Curitiba, y que sacude a toda la clase política brasileña.

Oficialmente, el inmueble pertenece a la constructora OAS, también involucrada en la estafa a la petrolera estatal y se sospecha que formó parte de una serie de sobornos y pago de favores a cambio de contratos con Petrobras.

El Partido de los Trabajadores, ya salpicado desde antes por la vinculación con el escándalo de Petrobras y un posible juicio político al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, continúa padeciendo las consecuencias de la situación de su líder natural.

A su vez, el desconcertado gobierno brasileño enfrenta una recesión económica inédita, que se suma a todos los problemas judiciales.

Con la oposición haciendo leña del árbol caído y a la espera de la caída de la presidenta, el rumor de un posible cargo ministerial para Lula corrió como pólvora en la interna del tambaleante gobierno encabezado por el PT.

La eventual prisión preventiva pedida por la fiscalía, sumada a otros hechos como las movilizaciones del próximo domingo dan el marco previo al posible inicio del juicio político a Rousseff tan esperado por la oposición.

Estos días, en los pasillos del palacio de Planalto y también en la prensa local, se comentaba que Lula podría ser nombrado ministro por la presidenta. Folha de Sao Paulo publicó que Rousseff había aceptado darle un cargo en su gabinete, pero que Lula rechazó esa posibilidad.

Según el medio paulista, la intención de Rousseff al proponerle el cargo era blindar al ex presidente con fueros políticos y la inmunidad que el cargo pudiera ofrecerle. De esta manera, Lula quedaría por fuera de la investigación del juez Moro hasta un eventual juicio político al gobierno.

Lula habría rechazado la propuesta de la presidenta para evitar transmitir la imagen de estar "huyendo de la justicia", aunque no dió su palabra final, informó el diario. La idea de Rousseff era que Lula aceptara encabezar los ministerios de Comunicación o de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, luego del pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, se estima que la inciativa de Rousseff quedará en nada.

Según el medio paulista, Lula atribuyó el pedido de prisión preventiva a la filtración de la información de que Rousseff le habría ofrecido el cargo ministerial, de manera de contar con fueros para evitar la prisión.

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar, y según informó la cadena O´ Globo, el presidente del PT, Rui Falcao, que se encontraba reunido con el ex presidente al momento en que se conoció el pedido de prisión preventiva, remarcó que confía en que el juez no cumplirá con solicitud de la fiscalía.