Fiscalía y Poder Judicial chocan por postergación de nuevo código

El viernes 28 de abril, días antes de comenzar la recorrida anual por las cárceles de Uruguay, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron muy claros con los jueces y funcionarios del Poder Judicial que trabajan en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP): la norma se debe aplicar a partir del 16 de julio, tal como fue pactado por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Con la misma firmeza declaró este viernes ante la prensa el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que está previsto aplazar la aplicación del CPP para noviembre, algo que ya había dicho ante legisladores en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hace casi dos semanas.

En esa oportunidad Díaz habló de la necesidad de que la nueva norma se aplique sin inconvenientes y dijo: "Si para ello es necesario trabajar dos o tres meses más, no tengo ningún problema en hacerlo porque queremos que esto funcione y funcione bien".

La diferencia entre ambos organismos viene desde que la Comisión Interinstitucional para el nuevo CPP elaboró un anteproyecto de ley con modificaciones a la normativa, que fue aprobada a fines de 2014. Esa comisión está integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo. La Justicia solamente aprobó modificar "unos siete u ocho artículos" vinculados a aspectos administrativos, según dijo a El Observador el ministro de la Suprema Corte Ricardo Pérez Manrique. "No concebimos una reforma de gran envergadura. No son viables (para el CPP) reformas legislativas grandes", afirmó el magistrado.

En el Poder Judicial –tanto la Corte como los funcionarios que trabajan en el tema– no están de acuerdo con que se aplace tres meses y medio la puesta en marcha del CPP. Desde la Corte consideran que están dadas las condiciones para que la nueva norma empiece a funcionar el 16 de julio y no el 1º de noviembre, como está planteado en el proyecto de ley redactado por esa comisión interinstitucional que se encuentra en la órbita de Presidencia.

Pero el objetivo del Ministerio del Interior y la Fiscalía es que la semana que viene la Comisión de Constitución y Legislación del Senado pueda comenzar a tratar ese proyecto que traería consigo la modificación de la fecha de implementación, pese a la negativa del Poder Judicial. Ambos organismos están convencidos de que se debe aplazar su aplicación.

La senadora del Frente Amplio Patricia Ayala, integrante de esa comisión, indicó a El Observador que para la próxima sesión, pautada para el 9 de mayo, las modificaciones al CPP están como segundo punto en el orden del día. Ayala destacó que el CPP es una norma que se ha ido "trabajando por partes" pero que para aprobar cualquier modificación que ya está ingresada, prefieren tener el último proyecto que se va a presentar.

Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que para que se postergue se debe contar sí o sí con el proyecto de ley con las modificaciones. "La solución es que empiece a regir. Pero si me dicen que no está pronto asumo que hay que postergar pero siempre que tenga el proyecto de ley en la mano".

Una de las críticas que la Comisión Interinstitucional había realizado al CPP era que mientras los adolescentes seguirían siendo enjuiciados por el proceso inquistivo (por escrito y dirigido por el juez), los adultos pasarían a serlo por el proceso acusatorio, más garantista y por audiencia oral, en el que los fiscales dirigirán las indagatorias. Por ese motivo, una de las modificaciones incluidas es que también se aplique el nuevo código a los adolescentes infractores. Esa diferencia fue una de las críticas más fuertes que realizó el fiscal Díaz a la norma.

Pérez Manrique manifestó que el hecho de que el Poder Judicial no quiera que se postergue su aplicación e insista en que comience a regir a mediados de julio no quiere decir que una vez que esté puesto en marcha se le hagan este u otro tipo de modificaciones.

La postergación por cambios es apoyada, y fue prácticamente pedida a gritos por la Asociación de Fiscales. De todos modos, difieren en los motivos que argumentó el jerarca, especialmente el relacionado al de los adolescentes. El fiscal penal Gustavo Zubía dijo que hace unas semanas le entregaron a Díaz una carta con sus argumentos por los cuales entienden necesario aplazar la aplicación del CPP. Uno de ellos es que como está planteada la libertad condicional, la mayoría de los procesados quedarán libres. También señaló que se genera una contradicción porque el código nuevo establece que para procesar con prisión se necesita semiplena prueba, pero otro artículo de la norma no prevé una audiencia dentro de las primeras 48 horas para diligenciar prueba, lo que significa que no se podrá procesar a nadie hasta que se realice con la celeridad que se buscaba en el nuevo proceso.

En el proyecto de ley que será remitido al Parlamento está incluida la eliminación de la libertad condicional, según explicó a los senadores el fiscal de Corte. "Si aplicamos el instituto de la libertad condicional significa impunidad porque no se cumpliría nunca ningún tipo de pena, ni antes ni después", indicó Díaz a los legisladores.

Zubía planteó que hay otros aspectos de funcionamiento que tampoco están claros y puso el ejemplo de que no se sabe a qué dependencia se llevará a declarar a los detenidos. "Lo ideal sería prorrogarlo seis meses para ajustar todas estas cosas", dijo Zubía.

Otro de los argumentos manejados para que se aplace su implementación es que el nuevo CPP supone la modificación de otras leyes relacionadas que están vigentes hace tiempo.

Una fuente del Ministerio del Interior puso como ejemplo la ley orgánica policial, que establece que los policías trabajan con los jueces pero con la nueva norma, pasarán a realizar las investigaciones con los fiscales.