Flexibilizan los requisitos de inclusión financiera en localidades chicas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende ser "flexible" con algunas desafíos que plantea la ley de inclusión financiera en pequeñas localidades del interior. Por eso, dará incentivos fiscales para promover el desarrollo de medios electrónicos de pago en unos 350 pueblos de menos de 500 habitantes, anunció el asesor del MEF, Martín Vallcorba a El Observador.

Uno de esos aspectos abarca la incorporación de un apartado dentro de la ley de inclusión financiera que permita al Poder Ejecutivo postergar el pago de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales a través de medios electrónicos en localidades pequeñas que no cuenten con puntos de extracción de efectivos, consignó ayer El País. Por ley, está previsto que a partir de mayo de 2017, todos los pagos de remuneraciones del país se realicen por medios electrónicos de pagos (tarjetas de débito o prepagas).

Sin embargo, un relevamiento que el MEF realizó en conjunto con la OPP detectó que unas 425 localidades con menos de 2.000 habitantes no tienen sucursales bancarias o cajeros automáticos para la extracción de dinero. Vallcorba indicó que por una cuestión de escala, los corresponsales financieros o redes de cobranza y pagos no tienen hoy "incentivos" para instalarse en esos pueblos por los costos elevados que eso implica. En conjunto es una población aproximada de 127 mil personas, según el MEF. La solución no pondrá un límite de tiempo y planteará que cada localidad de menos de 500 habitantes incorpore la obligatoriedad del nuevo sistema de pagos conforme a cómo evolucione la disponibilidad de puntos de extracción.

Sin embargo, Vallcorba dijo que se espera que en unas 79 localidades de todo el país que tienen entre 500 y 2000 habitantes se alcance un acuerdo antes del 30 de abril para poder llevar a esos centros poblados puntos de extracción de dinero.

El jerarca indicó que una hay "buena" receptividad de los corresponsales y redes de cobro para avanzar en ese proceso. Uno de los puntos donde se está avanzando es con el Ministerio del Interior para reducir los requisitos de seguridad, ya que hoy rige un criterio único para todo país que no tiene en cuenta el potencial de riesgo de un posible robo. "La idea es contar con una herramienta flexible que nos permita avanzar en aquellos casos donde la realidad nos plantea alguna dificultad", indicó.

Por ese motivo, anunció que desde las políticas públicas se incrementarán y focalizarán los subsidios para que las localidades con menos de 500 habitantes tengan mayores incentivos para sumarse al proceso de inclusión financiera. Vallcorba recordó que hoy estas localidades ya tienen dificultades para pagar servicios como facturas de OSE o UTE, así como el cobro de pasividades de los habitantes del medio rural que deben pagar a terceros para trasladarse a centros poblados.