Fotocopiando derechos violados

Quienes pergeñaron el proyecto de ley sobre fotocopiado de libros no parecen haber percibido los múltiples traspiés jurídicos del texto

Quienes pergeñaron el proyecto de ley sobre fotocopiado de libros no parecen haber percibido los múltiples traspiés jurídicos, conceptuales y prácticos del texto. Viola el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), documentos de los cuales Uruguay es firmante. Erra en la amplitud desmesurada de lo que autoriza y abre el camino para que desaparezcan los derechos de autor en el área de edición de libros. El previsor sentido común ha estado más bien ausente en los redactores de esta reforma de la ley de derechos de autor de 1937 y en los senadores que la aprobaron. Queda ahora en manos de los diputados corregir ese desvío. Si también lo aprobaran, le corresponderá al presidente Tabaré Vázquez vetarlo, si el gobierno quiere evitarse fundados recursos probables de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Es loable la intención de abaratarles a los estudiantes el acceso a parte o la totalidad de los libros que necesitan en escuelas, liceos y universidades. Pero el proyecto gubernamental, actualmente a estudio de una comisión en Diputados, ignora los caminos idóneos para ese fin y se desbarranca en excesos. Según el texto, cualquier persona, no solo los estudiantes, queda habilitada de hecho para fotocopiar cualquier libro. Por ejemplo alguien quiere leer, para su entretenimiento, un costoso libro policial o de aventuras en el Ártico pero sin pagar su precio. Le bastará aducir que lo necesita para presuntos estudios de criminología o meteorología y fotocopiarlo de quien lo tenga, despojando a su autor de los derechos que le corresponden. La consecuencia será limitar agudamente la industria editorial y a los propios autores, lo que se agrega a los claros cuestionamientos jurídicos a la reforma, de peso aún mayor.

Sus autores ni siquiera pueden aducir ignorancia, ya que existen notorios caminos más equilibrados para ayudar a los estudiantes sin desvalijar a los autores y a las empresas editoras de sus libros. Uno obvio es que el Estado fortalezca las bibliotecas para ampliar el acceso estudiantil a los libros que precisan. Esta vía reconoce que la responsabilidad de que los estudiantes, especialmente los de menos recursos, dispongan de los textos que necesitan es de toda la sociedad, a través del Estado, y no transfiriéndoles el fardo en forma exclusiva a los autores y a las empresas editoras.

También hay otro sistema, que ya existe en otros países y que puede aplicarse en forma exclusiva o en combinación con el mejoramiento de las bibliotecas públicas. Se basa en cobrar un canon a las empresas importadoras de fotocopiadoras y sus insumos, beneficiarias directas del proyecto de ley. Ese canon se asignaría a crear un fondo para compensar a los autores del cobro de sus derechos, disminuidos o hasta desaparecidos bajo los términos de la reforma. Ambos cursos han sido ignorados por los autores del proyecto, que optaron por infringir la legalidad al tirar por la ventana derechos establecidos en la Constitución y en los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. Se está a tiempo de frenar este nuevo tropezón del Frente Amplio en la redacción de leyes, que ya tiene siete caídas por inconstitucionales desde el comienzo de la administración Mujica. Si no se actúa a tiempo, el costo será injusticia y desprestigio.


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El Observador

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