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François Hollande enfrentó dos reveses políticos en solo 48 horas
Manifestaciones con heridos y detenidos contra polémica reforma laboral
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01 de abril de 2016 a las 05:00
El presidente galo François Hollande sufrió ayer un nuevo revés, con manifestaciones multitudinarias en varias ciudades del país que derivaron en disturbios y enfrentamientos. El motivo del malestar ciudadano es el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, que es acusado de facilitar la precariedad.
Es indiscutible que Hollande pasa por un mal momento político. El miércoles tuvo lo que los expertos consideran el revés más grande en cuatro años de gestión, cuando debió retirar su propuesta de reforma constitucional ante el terrorismo. El proyecto planteaba, entre otras medidas, el retiro de la nacionalidad a los binacionales condenados por crímenes terroristas.
Pero la propuesta no obtuvo consenso y el mandatario debió olvidarse de ella. Al día siguiente, ayer, decenas de miles salieron a las calles a quejarse por su deseada nueva ley laboral.
La reforma prevé mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, en un país donde el desempleo es superior al 10% y en el que las pequeñas y medianas empresas dudan de contratar personal debido a lo que consideran rigideces legales.
Además, apunta a permitir un mayor margen de negociación en el seno de las empresas, en especial sobre la duración del tiempo de trabajo, y clarificar las normas sobre despidos por motivos económicos.
Ante las protestas de los sindicatos y a pesar de las críticas de las organizaciones patronales, el gobierno renunció finalmente a las medidas más criticadas, como la instauración de un máximo de indemnización en caso de despido abusivo.
Aunque algunos sindicatos reformistas aceptaron las enmiendas que ya se hicieron, otros más radicales piden el retiro del proyecto completo.
La Policía calculó en 390 mil los participantes en las protestas de ayer, que se realizaron en 200 ciudades del país.
En total, unos 30 fueron detenidos. Varios agentes resultaron heridos, blancos de los lanzamientos de piedras, baldes de pintura y cócteles molotov, a los que respondieron con gases lacrimógenos y cargas policiales.
Casi 200 institutos permanecieron cerrados o bloqueados por los estudiantes, se anularon 20% de los vuelos del aeropuerto de Orly, y hubo atascos en el transporte urbano.
La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, reiteró que "comprendía las preocupaciones de los jóvenes" pero defendió una "ley necesaria y justa". De ninguna manera se va a retirar esta reforma "inteligente, audaz y necesaria", declaró por su parte el primer ministro Manuel Valls.
Todo esto no hace más que hipotecar las posibilidades del presidente Hollande de ser reelegido en 2017 para un segundo mandato.
Según un sondeo Ipsos-Sopra Steria publicado anteayer, Hollande sería eliminado ya en la primera vuelta de la elección presidencial, sea quien fuere su adversario de derecha.
El 9 de marzo otra jornada similar congregó en todo el país a más de 200 mil manifestantes (450 mil según los organizadores). Y hubo otra el 24 del mismo mes contra el proyecto, que fue presentado como la gran reforma del final de mandato de cinco años de Hollande
Supuesto atacante de París será extraditado
Bélgica aprobó la extradición a Francia de Salah Abdeslam, el sospechoso clave de los atentados del 13 de noviembre en París, que está dispuesto a "colaborar" con las autoridades francesas.
"Salah Abdeslam declaró que estaba de acuerdo con ser extraditado a Francia, por lo que un magistrado tomó formalmente su declaración. (...) El traslado es posible", indicó la fiscalía en un comunicado.
"Las autoridades belgas y francesas decidirán las modalidades de esta entrega", agregó la fiscalía. El plazo legal para proceder al traslado es de 10 días.
Uno de sus abogados, Cedric Moisse, dijo que Abdeslam "dio su consentimiento a la ejecución" del mandato de detención europeo emitido por Francia. En la prisión de Brujas, adonde fue a escucharlo el fiscal federal, Abdeslam respondió tranquilamente a la pregunta sobre su extradición, según el letrado.
Ocho de cada diez belgas temen nuevos atentados y seis de cada diez considera que el Estado belga podría haber gestionado mejor la integración de las poblaciones inmigrantes no europeas, según una encuesta de la Fundación "Esta no es una crisis" publicada ayer. El estudio reveló que los belgas apuntan al Estado como principal responsable de la situación actual, según la cadena de televisión pública francófona RTBF.
