Frente Amplio propone reglamento para elegir a jueces

Reclaman transparencia, entrevistas a candidatos, analizar sentencias y e incluir como candidatos a juristas ajenos al Poder Judicial
El Frente Amplio impulsa un proyecto de ley para reglamentar las futuras designaciones para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) bajo una serie de pasos que incluyen entrevistas y análisis de sentencias de los eventuales candidatos.

En la izquierda plantean incluso debatir que los cargos puedan ser ocupados por juristas ajenos al Poder Judicial, algo que es acompañado por el Colegio de Abogados del Uruguay.

El oficialismo asegura que el propósito del texto es “transparentar el procedimiento” de designación, dijo a El Observador la presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General y diputada del MPP, Cecilia Bottino.

Le legisladora informó que el Frente Amplio maneja un primer borrador para reglamentar el proceso que ya fue presentado al resto de los partidos políticos.

El objetivo del oficialismo es lograr un consenso para votar el texto en el corto plazo y que así pueda aplicarse para la vacante generada desde mayo por el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, quien dejará la corporación por cumplir 70 años de edad.

“La bancada del Frente Amplio trabaja sobre un primer borrador que pensamos que se tiene que impulsar. En diciembre el Partido Nacional nos pidió más tiempo y hasta ahora no ha contestado”, dijo Bottino. “Como es una negociación política se negocia un paquete y eso para mi impide un tratamiento separado por la importancia que tiene el máximo órgano de la Justicia”, advirtió sobre el actual sistema.
La legisladora afirmó que los parlamentarios también deberán definir si desarchivarán un proyecto de ley presentado por el Colegio de Abogados que planteaba la incorporación a la Corte de “personas ajenas al Poder Judicial con determinadas características”.

Bottino se mostró a favor de estudiar esa iniciativa pero reconoció que la Asociación de Magistrados del Uruguay lo rechaza. “El Poder Judicial ha sido de los tres poderes el que menos se ha democratizado”, dijo la diputada del MPP.

Oirán a los interesados

Un primer borrador del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio establece una serie de pasos para reglamentar el proceso. El oficialismo propone crear una Comisión Especial para la designación de miembros de la Corte y el TCA conformada por cinco senadores y diez diputados.

El proceso de designación obligará a que la SCJ y el TCA informen con un mínimo de 90 días de anticipación sobre una eventual vacante y la corporación deberá enviar un listado de magistrados que ingresarían por antigüedad al cargo vacante. Luego se iniciará un proceso de prepostulaciones.
“En el período de prepostulaciones, que no será inferior a veinte días, se recibirán las formuladas por asociaciones u organizaciones de la sociedad civil”, dice el borrador que maneja el oficialismo al que accedió El Observador.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Constitución. Los artículos 235 y 308 de la Carta Magna establecen que para integrar la Corte y el TCA es necesario tener 40 años cumplidos de edad, ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y 25 años de residencia en el país y ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.

“El Poder Judicial ha sido de los tres poderes el que menos se ha democratizado. Ya sea en cuanto al acceso a la carrera judicial, como los traslados y el contacto con la ciudadanía” Cecilia Bottino, diputada

Una vez finalizado el plazo de prepostulación, la Comisión Especial seleccionará un máximo de diez juristas para la vacante y luego los parlamentarios deberán comunicarse con cada uno “solicitando manifiesten si aceptan ser candidatos para el o los cargos vacantes”. Quienes acepten deberán presentar su curriculum y una selección de sus diez sentencias más importantes en caso de ser jueces y, si no lo fueran, sus diez trabajos profesionales o académicos más destacados.

Con la lista depurada la Comisión definirá un calendario de audiencias para cada candidato donde los postulantes “deberán dar sus opiniones” sobre distintos temas. Opinarán sobre “la labor jurisdiccional en la Constitución, los derechos humanos y el juez, el rol del juez y en especial como miembro de la SCJ o el TCA, facultades jurisdiccionales, el principio de separación de poderes y la labor judicial, principios de razonabilidad y proporcionalidad (...) En ningún caso se podrán abordar aspectos vinculados a causas concretas que se estén tramitando ante el Poder Judicial o el TCA”, señala el texto.

Finalizadas las audiencias la comisión parlamentaria elaborará un informe. Como último paso el proyecto oficialista establece la convocatoria a la Asamblea General para pronunciarse sobre las vacantes “con una anticipación mínima a los diez días del vencimiento del plazo” previsto en la Constitución.

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