Frente Amplio sondeará apoyo de votantes a reforma constitucional

Se espera un proceso largo de discusión que involucre a la oposición y organizaciones sociales
La reforma Constitucional que pretende impulsar el Frente Amplio recorrerá un largo camino que comenzó con consultas en la interna de la coalición, luego se hablará con organizaciones de la sociedad y en opinión del presidente del FA, Javier Miranda, debe buscarse el apoyo de los demás partidos.

En el Frente, no todos están convencidos de que el proyecto deba contar con el respaldo de la oposición.

También hay quienes piensan –aunque no lo dicen públicamente– que la reforma no avanzará en este período, según consultas de El Observador entre dirigentes del FA.

El senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo a El Observador que en el plenario del fin de semana no se tomó la decisión de que la reforma se concrete bajo este gobierno. También comentó que será el congreso el que defina "la hoja de ruta para la reforma".

No obstante, varios seguran que más allá de las dificultades que aparezcan, el intento debe hacerse.

El senador Yerú Pardiñas (Partido Socialista) reconoce que la división con los partidos políticos "hace difícil articular acuerdos profundos" pero confía en que la reforma se concretará. Remarcó que el mejor escenario es lograr "un gran pacto social".

El diputado Jorge Meroni (MPP) también quiere ir en busca de acuerdos amplios y luego "evaluar" políticamente el apoyo que se tenga en la sociedad.

En ese punto coincidieron varios dirigentes: antes de un plebiscito se tanteará el terreno.

De someterse un proyecto a plebiscito, la población deberá votar por Sí o por No, a todo el articulado.

En ese sentido, se manejó que la propuesta del voto del exterior –que ya fue rechazado por la población en 2009– puede poner en riesgo toda la reforma.

Miranda planteó el tema de la reforma constitucional al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que lo recibió la semana pasada en su sede.

La dirección del Partido Independiente lo recibió ayer y tiene pedidos de entrevista –para discutir con agenda abierta– con el Partido Nacional y Unidad Popular, que aún no confirmaron fecha para recibirlo.

Desde la oposición, ya hubo voces críticas a una eventual reforma, entre ellos los senadores Jorge Larrañaga (Partido Nacional) y José Amorín Batlle (Partido Colorado).

Larrañaga escribió en su cuenta de twitter que el sólo hecho de plantear el tema "con los problemas que tiene el país" es "una falta de respeto a la gente".

Daniel Marsiglia (Partido Comunista) recordó a El Observador que en la última reforma constitucional –cuando se creó el balotaje– la izquierda no fue tenida en cuenta por los partidos fundacionales.

Varios temas

El Frente Amplio acordó en su Plenario de junio los documentos que serán discutidos para modificar la Constitución, aunque esa discusión pasó para el Congreso de noviembre.

Se aprobó también consultar en este tiempo a la sociedad civil para conocer la opinión de comerciantes, cooperativas de vivienda y otras de corte social. Un punto que aún resta definir es qué vía se utilizará para impulsar la reformar.

En el plenario del sábado 24 , una clara mayoría de dirigentes frenteamplistas se inclinó por recolectar firmas, mientras que el Partido Socialista prefiere convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

Asamblea Uruguay, considera que no es el momento de impulsar una reforma cuando aún hay otros temas en la lista de asuntos pendientes para resolver. Así lo expresó en los dos últimos plenarios.

El Frente Amplio tiene en agenda modificar unos 10 puntos.

Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, comentó a El Observador que lo que más le interesa a su sector es adecuar la superestructura jurídica y política, que es la Constitución, a la "nueva matriz productiva que permita salir de la dependencia de la división internacional de trabajo donde Uruguay es proveedor de materias primas". "El país está en un esquema", dijo Lorier, "que puede tener complejidades en lo económico si bajan los precios internacionales de los comodities".

Para el Partido Comunista, el capítulo sobre derecho de propiedad es entonces de los más importantes del proyecto de reforma.

"La Constitución defiende solo a la economía privada", dijo al diario La República, Juan Castillo, dirigente comunista y hoy director Nacional de Trabajo.

Para los socialistas, dijo el senador Pardiñas, los puntos prioritarios son el capítulo de nuevos derechos. Ahí se piensa incluir las políticas de inclusión y aspectos de no discriminación, así como la incorporación de los convenios internacionales firmados por el país.

Otro punto que los socialistas están interesados refiere a incorporar en la Constitución al tercer nivel de gobierno es decir todo lo referido a los municipios.

Un punto donde el Frente busca consenso es en crear un marco institucional para pasar a un régimen de gobierno más parlamentarista y menos presidencial.

Cuatro caminos para presentar proyectos

Los procedimientos para reformar la Constitución de la República, ya sea en forma parcial o total, están previstos en su artículo 331.

Una de las vías es presentar un proyecto con el respaldo del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional que luego deberá ser sometido a decisión popular en la elección más inmediata.

La Asamblea General, también podrá redactar proyectos sustitutivos que deberán someterse a decisión plebiscitaria junto con la iniciativa popular. Ese el camino al que piensa recurrir la mayoría del Frente.
Otra vía es reunir dos quintos de apoyo de la Asamblea General y ese proyecto será llevado a plebiscito.

En ambos casos, los proyectos para ser aprobados deberán recibir el voto por el SI y obtener el respaldo de la mayoría de los ciudadanos que vayan a votar.

Los parlamentarios y el Poder Ejecutivo también pueden presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por la mayoría absoluta de la Asamblea General.

De ser aprobado, el Poder Ejecutivo convocará en 90 días a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que resolverá sobre la reforma planteada y otras que se presenten a la Convención. El número de convencionales será el doble del de legisladores.

El proyecto o proyectos redactados por esa Convención deberán ser ratificados por el cuerpo electoral.

La Constitución podrá ser reformada, además, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, de dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura.

Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.


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