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Fuego cruzado entre taxis y Uber en Defensa de la Competencia
La gremial y la compañía se denunciaron entre sí y ahora la comisión del MEF investiga
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21 de abril de 2016 a las 05:00
El Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) y la empresa Uber elevaron denuncias en las que se acusan mutuamente ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finazas (MEF).
El primer golpe lo asestó el Cpatu. En la primera quincena de enero la gremial se presentó ante la comisión para denunciar tanto a Uber como a sus "socios conductores" (como denomina la compañía a los choferes) y empleados.
Según pudo saber El Observador, entre otros argumentos se señalaba que Uber comenzó a funcionar en Uruguay sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos. Asimismo, se sostuvo que la plataforma –que se describe a sí misma como una empresa de tecnología que conecta a un conductor particular con alguien que necesita un traslado– realiza la misma tarea que el taxi pero que no cumple con la normativa que se le exige a este medio de transporte. Eso, añade, le genera una ventaja competitiva.
La denuncia contra Uber también plantea que ese servicio viola el artículo 4 de la ley 18.159 de defensa de la libre competencia en el comercio (que enumera prácticas prohibidas). También la acusa de competencia desleal.
La Comisión admitió la denuncia del Cpatu contra Uber, pero decidió dejar a un lado a los conductores y empleados de la empresa. Se trata, entonces, de un asunto entre la gremial y Uber.
A la hora de responder, Uber no solo negó lo expuesto por la gremial del taxi sino que también presentó una contradenuncia, en la que sostiene que el Cpatu no respetó la normativa sobre libre competencia. Para respaldar esa afirmación la compañía recordó en su denuncia –presentada luego de Semana Santa– que el Cpatu había registrado la marca y logotipo de Uber antes del desembarco de la empresa en el país (como una manera de obstaculizar una futura operativa de la compañía en Uruguay), así como la aparición "violenta" de taxistas en diferentes actividades de capacitación de conductores de Uber.
Además, la empresa dice que los propietarios de los taxis, a través de la gremial, conforman un "cartel" que llega a acuerdos "anticompetitivos" para que potenciales competidores no puedan ingresar al mercado.
Fuentes de la Comisión indicaron a El Observador que se transita la fase de investigación y que ambos expedientes están tramitándose "de forma independiente". En tanto, fuentes de Uber dijeron que la compañía "respondió a la denuncia al pedir que se abriera una investigación de competencia contra el Cpatu, y que el trámite sigue en curso". Por su parte, el presidente del Cpatu, Oscar Dourado, indicó que la denuncia responde a que Uber está "robando" a los taxistas uruguayos. "¿No es contra la competencia dar un servicio gratis?", se preguntó.
El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, compareció ayer ante la comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, para fundamentar el proyecto de ley que elevó el Ejecutivo para darle más herramientas al Estado a la hora de controlar que las aplicaciones intermediarias entre el usuario y proveedores de servicios, como Uber y Airbnb, se ajusten a las regulaciones vigentes en las distintas actividades que realizan. El diputado nacionalista y presidente de la comisión, Rodrigo Goñi, volvió a cuestionar la iniciativa del gobierno y sugirió retirar el proyecto de ley. El legislador explicó a El Observador que los principales cuestionamientos que surgieron de la cámaras privadas apuntan a que "se traslada la regulación" al intermediario (plataformas tecnológicas).
El otro punto que Goñi cuestiona son los poderes "exorbitantes" del Banco Central (BCU) "sin las garantías del debido proceso" para bloquear cuentas. El proyecto faculta a los organismos de contralor la posibilidad de congelar cuentas bancarias de las personas o empresas que no se acomoden a la regulación específica de la actividad. Alcanza con que estos organismos "constaten" que una persona física o jurídica realiza actividades por fuera del marco normativo para que envíe sus datos al Banco Central y este congele de forma preventiva sus cuentas bancarias.
"Toma dice: 'esta ley no innova nada en cuanto a la regulación aplicable'. La ley también es lo que se interpreta. Un proyecto de ley tiene que tener certeza para quienes lo aplican y son controlados. Por tanto, saquemos el proyecto de ley, si no quiere aplicar nueva regulación", sugirió Goñi.
En el caso de la misiva enviada a Murro, se le pide tratar la "desregulación del servicio taximetrista" al tiempo que la gremial demanda "el descuelgue (del convenio salarial) de los trabajadores del taxi", informó ayer El País. Además, agrega que será necesario el asesoramiento de la cartera "para asistir a los trabajadores en los pasos que deberán seguir ante tal situación para su acceso al seguro de paro".
El presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado, dijo a El Observador que con Uber funcionando en el país a los taximetristas se los está "robando todos los días".
"Ya no sé qué hacer, estamos en el horno", graficó el empresario, quien se quejó que el gobierno departamental no ha salido a fiscalizar esta "ilegalidad".
"Si nosotros tenemos que tener una actividad con un laudo que acordamos con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, y hoy –porque no recaudamos– no podemos pagar, tenemos que decir: 'no podemos pagar más'", añadió.
Dourado sostuvo que Uber "usa la palabra tecnología" para "robar", y que la gremial viene pidiendo desde hace tiempo que se bloquee a la plataforma en el país. "Nos están robando todos los días, y después van a robar a los omnibuseros, después a los camioneros, y después van a robar a los que venden panchos. Porque esta empresa viene a instalarse para robar a los que trabajamos de manera formal", expresó.
El sindicato del taxi se mostró sorprendido por la aparición de estas dos cartas y por el pedido de descuelgue salarial de la patronal. "Envía una carta a Murro de algo que no puede llevar adelante porque no hay cláusula de descuelgue porque él (Dourado) votó con el ministerio", indicó el secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Antonio Diez.
El convenio fue firmado en enero y es retroactivo a julio de 2015, explicó el dirigente sindical. En ese momento, la propuesta del Ejecutivo fue acompañada por la patronal, mientras que los trabajadores mostraron su "disconformidad" con la misma.
Además, el dirigente agregó que al sindicato no le consta que se haya enviado a "nadie" a seguro de paro producto del desembarco de Uber en el país. Solamente en Montevideo hay alrededor de 7.000 taximetristas, comentó.
"Me llama la atención porque estamos en negociaciones en la Intendencia de Montevideo por la regulación del servicio del taxi. Y sale con estas dos cartas que no entendemos mucho", cuestionó Diez.
El primer golpe lo asestó el Cpatu. En la primera quincena de enero la gremial se presentó ante la comisión para denunciar tanto a Uber como a sus "socios conductores" (como denomina la compañía a los choferes) y empleados.
Según pudo saber El Observador, entre otros argumentos se señalaba que Uber comenzó a funcionar en Uruguay sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos. Asimismo, se sostuvo que la plataforma –que se describe a sí misma como una empresa de tecnología que conecta a un conductor particular con alguien que necesita un traslado– realiza la misma tarea que el taxi pero que no cumple con la normativa que se le exige a este medio de transporte. Eso, añade, le genera una ventaja competitiva.
La denuncia contra Uber también plantea que ese servicio viola el artículo 4 de la ley 18.159 de defensa de la libre competencia en el comercio (que enumera prácticas prohibidas). También la acusa de competencia desleal.
La Comisión admitió la denuncia del Cpatu contra Uber, pero decidió dejar a un lado a los conductores y empleados de la empresa. Se trata, entonces, de un asunto entre la gremial y Uber.
La respuesta
A la hora de responder, Uber no solo negó lo expuesto por la gremial del taxi sino que también presentó una contradenuncia, en la que sostiene que el Cpatu no respetó la normativa sobre libre competencia. Para respaldar esa afirmación la compañía recordó en su denuncia –presentada luego de Semana Santa– que el Cpatu había registrado la marca y logotipo de Uber antes del desembarco de la empresa en el país (como una manera de obstaculizar una futura operativa de la compañía en Uruguay), así como la aparición "violenta" de taxistas en diferentes actividades de capacitación de conductores de Uber.
Además, la empresa dice que los propietarios de los taxis, a través de la gremial, conforman un "cartel" que llega a acuerdos "anticompetitivos" para que potenciales competidores no puedan ingresar al mercado.
Fuentes de la Comisión indicaron a El Observador que se transita la fase de investigación y que ambos expedientes están tramitándose "de forma independiente". En tanto, fuentes de Uber dijeron que la compañía "respondió a la denuncia al pedir que se abriera una investigación de competencia contra el Cpatu, y que el trámite sigue en curso". Por su parte, el presidente del Cpatu, Oscar Dourado, indicó que la denuncia responde a que Uber está "robando" a los taxistas uruguayos. "¿No es contra la competencia dar un servicio gratis?", se preguntó.
Cuestionan regulación
El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, compareció ayer ante la comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, para fundamentar el proyecto de ley que elevó el Ejecutivo para darle más herramientas al Estado a la hora de controlar que las aplicaciones intermediarias entre el usuario y proveedores de servicios, como Uber y Airbnb, se ajusten a las regulaciones vigentes en las distintas actividades que realizan. El diputado nacionalista y presidente de la comisión, Rodrigo Goñi, volvió a cuestionar la iniciativa del gobierno y sugirió retirar el proyecto de ley. El legislador explicó a El Observador que los principales cuestionamientos que surgieron de la cámaras privadas apuntan a que "se traslada la regulación" al intermediario (plataformas tecnológicas).
El otro punto que Goñi cuestiona son los poderes "exorbitantes" del Banco Central (BCU) "sin las garantías del debido proceso" para bloquear cuentas. El proyecto faculta a los organismos de contralor la posibilidad de congelar cuentas bancarias de las personas o empresas que no se acomoden a la regulación específica de la actividad. Alcanza con que estos organismos "constaten" que una persona física o jurídica realiza actividades por fuera del marco normativo para que envíe sus datos al Banco Central y este congele de forma preventiva sus cuentas bancarias.
"Toma dice: 'esta ley no innova nada en cuanto a la regulación aplicable'. La ley también es lo que se interpreta. Un proyecto de ley tiene que tener certeza para quienes lo aplican y son controlados. Por tanto, saquemos el proyecto de ley, si no quiere aplicar nueva regulación", sugirió Goñi.
Gremial del taxi pide descuelgue salarial
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el director de Transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo, Máximo Oleaurre, recibieron cada uno una carta ayer de la Gremial Única del Taxi en las que se solicita una reunión "a la brevedad" por la presencia de Uber en el país.En el caso de la misiva enviada a Murro, se le pide tratar la "desregulación del servicio taximetrista" al tiempo que la gremial demanda "el descuelgue (del convenio salarial) de los trabajadores del taxi", informó ayer El País. Además, agrega que será necesario el asesoramiento de la cartera "para asistir a los trabajadores en los pasos que deberán seguir ante tal situación para su acceso al seguro de paro".
El presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado, dijo a El Observador que con Uber funcionando en el país a los taximetristas se los está "robando todos los días".
"Ya no sé qué hacer, estamos en el horno", graficó el empresario, quien se quejó que el gobierno departamental no ha salido a fiscalizar esta "ilegalidad".
"Si nosotros tenemos que tener una actividad con un laudo que acordamos con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, y hoy –porque no recaudamos– no podemos pagar, tenemos que decir: 'no podemos pagar más'", añadió.
Dourado sostuvo que Uber "usa la palabra tecnología" para "robar", y que la gremial viene pidiendo desde hace tiempo que se bloquee a la plataforma en el país. "Nos están robando todos los días, y después van a robar a los omnibuseros, después a los camioneros, y después van a robar a los que venden panchos. Porque esta empresa viene a instalarse para robar a los que trabajamos de manera formal", expresó.
Sorpresa sindical
El sindicato del taxi se mostró sorprendido por la aparición de estas dos cartas y por el pedido de descuelgue salarial de la patronal. "Envía una carta a Murro de algo que no puede llevar adelante porque no hay cláusula de descuelgue porque él (Dourado) votó con el ministerio", indicó el secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Antonio Diez.
El convenio fue firmado en enero y es retroactivo a julio de 2015, explicó el dirigente sindical. En ese momento, la propuesta del Ejecutivo fue acompañada por la patronal, mientras que los trabajadores mostraron su "disconformidad" con la misma.
Además, el dirigente agregó que al sindicato no le consta que se haya enviado a "nadie" a seguro de paro producto del desembarco de Uber en el país. Solamente en Montevideo hay alrededor de 7.000 taximetristas, comentó.
"Me llama la atención porque estamos en negociaciones en la Intendencia de Montevideo por la regulación del servicio del taxi. Y sale con estas dos cartas que no entendemos mucho", cuestionó Diez.
