Fumadores caminantes

El derecho del gobierno contra el derecho individual

No parecen haber sido adecuadamente medidos los efectos de la nueva iniciativa del presidente Tabaré Vázquez contra el tabaquismo, prohibiendo fumar en un radio de 200 metros en torno a centros educativos o de salud. La loable campaña presidencial, desde hace más de una década, en defensa de la salud de los uruguayos ha disminuido en más de 20% el número de fumadores en todo el país. Esto significa que un alto número de habitantes, tanto adultos como jóvenes, persiste en el hábito o lo inicia, aunque respetando en general, especialmente en Montevideo, las normas legales que impiden fumar en espacios públicos cerrados o en dependencias estatales y en espacio privados de uso público.

La observancia es estricta dentro de centros de estudios y en hospitales, sanatorios y otras instituciones de la salud. Pero en esos lugares, como en oficinas y muchos otros, trabajan personas para quienes fumar es una necesidad por diferentes razones, que van desde combatir al estrés o formas diversas de ansiedad hasta por mera sensación de placer. El resultado es la frecuencia con que, a lo largo del día, se ven en las aceras grupos de trabajadores que aprovechan momentos de descanso para salir a fumar en la calle. Basta caminar ante un hospital o alguna oficina, especialmente en el sector público, para ver grupos numerosos de personas fumando en la calle, en medio de un reguero de colillas descartadas por quienes lo hicieron antes.

Bajo la ampliada prohibición anunciada por Vázquez, toda esa gente se verá en la alternativa de aceptar a regañadientes una medida coercitiva o caminar casi tres cuadras desde su lugar de trabajo para poder encender un cigarrillo, así haga calor o frío, diluvie o soplen vientos. Los que opten por obedecer se sentirán resentidos y coartados, sentimientos que incluso pueden afectar su rendimiento laboral. Uruguay se encuentra a la cabeza del mundo en los intentos de erradicar el tabaquismo o al menos reducirlo. Su posición incluso se fortaleció con la victoria lograda sobre la poderosa tabacalera Philip Morris, que enjuició internacionalmente al Estado uruguayo por las medidas contra el tabaco, tratando de sentar un precedente mundial que al final le salió al revés.

Este triunfo judicial alentó medidas restrictivas adicionales a las muchas dispuestas a lo largo de los años, incluyendo recientemente la unificación para todas las marcas de la presentación exterior de las cajillas de cigarrillos. Se agrega ahora la intención de los 200 metros sin humo alrededor de los centros de estudios y de salud. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, salió prestamente a aclarar que se hará en forma progresiva, de a poco y a lo largo de años. Agregó que “esto hay que verlo en un proceso” que incluirá “una fuerte campaña para seguir aplicando las medidas antitabaco”.

Nadie, ni siquiera la mayoría de los fumadores, cuestiona la validez de combatir el hábito o de muchas de las medidas propiciadas por Vázquez para reducir las enfermedades causadas por el tabaco, especialmente el cáncer de pulmón y cardiovasculares. Pero es innegable que el reciente anuncio del presidente sobre los 200 metros reaviva la controversia entre el derecho de un gobierno a imponer medidas obligatorias, aunque las fundamente la defensa de la salud, y los derechos individuales a optar libremente, en este caso fumar sin tener que emprender una caminata de algunas cuadras desde su sitio de trabajo.


Populares de la sección

Acerca del autor

El Observador

El Observador