Funcionarios de Uber denunciaron agresiones por parte de taxistas

Para abogado penalista las autoridades deberían tomar acciones
Primero fue el registro de la marca, luego las manifestaciones masivas y la irrupción en las clases de capacitación a conductores. También hubo una denuncia ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y el ofrecimiento a la Intedencia de Montevideo de aportar recursos para multar a los trabajadores de la multinacional Uber. La última estrategia implementada por algunos taxistas y que se dio en dos ocasiones en una semana, fue la de interceptar a trabajadores de la empresa, impedir su paso, y obligarlos a permanecer en el lugar hasta tanto llegara la Policía.

El primero de estos últimos casos se dio el 7 de enero, cuando una camioneta que promocionaba los servicios de la aplicación de transporte en Parque Rodó fue encerrada por un grupo de unos 50 taxistas. La Gremial Única del Taxi envió un comunicado en el que solicitaba la presencia de autoridades para sancionar a la camioneta, por entender que están trabajando de manera irregular. Según la versión de la multinacional, el grupo de taxistas, "atacó de manera física y verbal a empleados de Uber" por lo que se dio aviso a la Policía.

Según dijeron fuentes de Uber a El Observador, debido a ese incidente, dos funcionarios de la empresa realizaron una denuncia por las agresiones en la Seccional 5ta, a título personal.

Para el abogado penalista Mario Spangenberg, esos actos podrían constituir un delito de violencia privada, que se da cuando se fuerza la voluntad de otro con violencia o amenazas. La normativa establece que comete esta infracción "el que obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho". Así se coarta la autonomía de otra persona, lo que "no es una conducta irrelevante desde el punto de vista penal", dijo Spangenberg. Además, explicó, cuando alguien obstruye y no deja movilizar a otra persona hay un delito de privación de libertad, que también podría ser el caso y es un delito más grave. Si además hubo agresiones físicas, puede corresponder también un delito de lesiones.

Un particular puede detener a alguien solo en caso de encontrarlo en infraganti delito, y no aplica para cualquier infracción administrativa, explicó el abogado. "Claramente no ingresa dentro de ninguna hipótesis jurídica, no hay ni legítima defensa, ni incumplimiento de la ley, ni arresto ciudadano", agregó.

"De algún modo la actuación judicial y del ministerio público no tiene que ser solo de protección específica de este caso concreto sino que es más bien una reafirmación del estado de derecho. Son las autoridades las que tienen que desarrollar estas acciones y no particulares con respecto a sus apetencias de momento. Es la diferencia entre el estado de derecho y la ley de la selva", sentenció Spangenberg, y eso va más allá de si la empresa Uber está habilitada a circular o no.





La nota erróneamente identificó a los empleados atacados como conductores, pero se trató de funcionarios de Uber. Ofrecemos las disculpas del caso.

Populares de la sección