¡Fútbol para todos y para todas!

En efecto, tres artículos (38, 39 y 40) de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como ley de Medios), son los que establecen que los partidos de “fútbol y “básquetbol” son eventos deportivos de “interés general” y por tanto “deberán ser emitidos a través de servicios de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo”. Y el art. 40 precisa que si ningún canal de televisión privado estuviera interesado en adquirir los derechos de transmisión, “quien los posea deberá autorizar al Servicio Público de Radio y Televisión Nacional (canal 5) la retransmisión del evento en forma gratuita”. Seguro que el espíritu de “FPT”, pergeñado entre gallos y medias noches entre Cristina y don Julio (y por ahora no investigado entre los escándalos de la FIFA) sobrevoló en los redactores del proyecto que luego se convirtió en la Ley de Medios.

Esos artículos fueron impugnadosy el Fiscal de Corte se expidió señalando su inconstitucionalidad. Falta, por supuesto, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, acogiendo o no el planteo de inconstitucionalidad, cosa que también reconocen la mayoría de los especialistas. Y no solo lo reconocen, sino que lo señalaron antes de que se votara la ley. Pero, como en otras leyes aprobadas en el período anterior, el parlamento hizo oídos sordos a las opiniones de los expertos, incluso de la algunos de conocida militancia de izquierda.

Ahoraalgunos grupos piden al Ejecutivo que la ley se aplique a rajatabla. Hicieron un planteo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que se ocupa de las cuestiones relativas a la Ley de Medios hasta que no se cree el Consejo de Comunicación Audiovisual. Este hizo suyo el planteo, lo envió al Ministerio de Educación y Cultura, quien pidió a la empresa Tenfield que liberara la emisión al canal estatal. Esta empresa, que ha pagado por esos derechos, se negó a hacerlo.

Más allá de las interpretaciones jurídicas –todo indica que lo más prudente es esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre las muy diversas acciones de inconstitucionalidad de que ha sido objeto esta ley- cabría hacer un sencillo ejercicio de lógica. Supongamos por un momento que los mencionados artículos (38 a 40) quedaran firmes ¿a quien se le ocurriría que alguien va a ir a la AUF a comprar derechos televisivos que luego debe ceder en forma gratuita al canal oficial? A nadie en su sano juicio, por cierto. Y por tanto, la AUF dejaría de recaudar los US$ 18 millones que se va a embolsar por concepto de derechos de televisión de la eliminatoria y que son vitales para el funcionamiento de la selección.

Puestos en este lugar, ya nadie vería los partidos de la selección pese a que son de “interés general”, excepto los que paguen entrada al espectáculo. De los partidos que juegue Uruguay en el exterior, solo podrán verlos aquellos que tengan posibilidades económicas y tiempo para viajar. Ergo, mucha menos gente podrá acceder a espectáculos de “interés general”.

Alguien podría decir: que se televisen por Canal 5. ¿Canal 5 pagará a la AUF los US$ 18 millones que la AUF pierde? ¿Tiene algún sentido pensar que la publicidad va a suplir el pago de los abonados? Si ha sido precisamente la expansión de la televisión por abonados lo que permitió que el fútbol, el tenis, el básquet, la F1, los JJ.OO, se expandieran a nivel global y remuneraran muy bien a los deportistas.

Entonces, pongamos los pies sobre la tierra. Si queremos “fútbol para todos y todas” no soñemos con fantasías de que vendrá un mecenas privado a pagarle a la AUF cuantiosas sumas por los derechos y luego difundirlo gratis. Mejor es habilitar un artículo en el presupuesto –aún hay tiempo- con un rubro para satisfacer ese “interés general” que algunos sueñan. Eso sí, si tocan el presupuesto pongan otro artículo que diga que es de “interés general” que Uruguay clasifique al Mundial sin ir a repechaje, como nos pasó en los últimos 4 mundiales.