Garcé: "Hay corrupción y consumo de drogas instalados en cárceles"

El abogado Álvaro Garcé trabajó desde 2005 hasta 2014 como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, cargo al que renunció para acompañar al candidato presidencial Luis Lacalle Pou en la campaña electoral. Luego, se postuló a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación. Hoy reparte su tiempo entre las clases de Historia del Derecho en la Universidad de la República y la Universidad Católica, y el estudio de políticas de seguridad. Junto a Lacalle Pou, visitó en las últimas semanas la Policía Científica, la Guardia Republicana y seccionales policiales de la zona metropolitana. Busca, desde el terreno, aportar visión y experiencia para la seguridad pública.

¿Con qué escenario se encontró en las cárceles hace 10 años?
Las condiciones de trabajo del personal penitenciario fueron terribles durante años. Permanentemente eran atacados, insultados, amenazados. Recuerdo funcionarios que al recorrer el Comcar se cayeron dentro de una cámara séptica. Es una escena que la recuerdo como si fuera hoy. Cuando se tocó fondo parece que ahí vino la reacción. Una semana después del incendio de Rocha (en el que murieron 12 presos) se votó la ley de emergencia carcelaria, se habilitaron fondos sin esperar a la vigencia del presupuesto, al 1º de enero de 2011, y ahí empezó algo diferente. Igual creo que con el dinero que el Parlamento le dio al Ministerio del Interior se pudo y se debió haber hecho las cosas mejor.

¿Cómo evalúa la gestión del Ministerio del Inteior?
El ministerio ha tenido en los últimos años algunos logros en el combate al crimen organizado. (Pero) realmente el desempeño ha sido muy pobre en la lucha contra el narcomenudeo, el tráfico en los barrios, y por otro lado ha fracasado en el combate a los delitos contra la propiedad, fundamentalmente el hurto y las rapiñas. Las propias cifras del ministerio revelan un deterioro en ese sentido.

¿Considera que el ministerio podrá cumplir con la promesa de bajar 30% hurtos y rapiñas?
El ministerio va a tener serias dificultades para cumplir no solo la promesa de reducción de un 30% en las rapiñas. Va a tener dificultades para cumplir también la promesa de disminución de la reincidencia. Las rapiñas aumentaron cuando la economía estaba a pleno y no se pudo ni siquiera detener el ritmo de crecimiento; mucho menos quebrar la curva de incremento. Creo que va a ser muy difícil que el Frente Amplio pueda exhibir como un logro el cumplimiento de esa promesa. Más bien ocurrirá lo contrario.

Vázquez prometió bajar al 30% la reincidencia. ¿Es posible?
Es muy difícil, muy poco real plantearse la disminución de la reincidencia, mucho menos al 30%, que corresponde a países desarrollados, si se tiene un problema de corrupción y de consumo de drogas instalado y reproducido diariamente en las cárceles.

¿Por qué asegura que la corrupción está instalada?
Es forzoso concluir su existencia desde el momento en que se consumen drogas. El consumo de drogas en las cárceles es un hecho notorio. Si por un lado tenemos consumidores y por el otro no hay crisis colectivas de abstinencia es necesario concluir que hay consumo activo, permanente. Si bien es justo reconocer una mejora en las oportunidades de trabajo y estudio, y esto es notorio, lo mismo puedo decir de la infraestructura carcelaria, el punto ausente en la política penitenciara ha sido el tratamiento de las adicciones. El problema de consumo de drogas en cárceles se mantiene vigente. En el año 2010 estimamos esos niveles de consumo alrededor del 70%. Es una cifra difícil de determinar porque está oculta, pero no tengo ninguna duda que a esta altura tiene la magnitud de un problema de salud pública y seguridad pública: una cuestión de Estado.

¿Hasta qué nivel jerárquico se extiende la corrupción?
Determinar hasta qué punto se extiende la corrupción en el Estado, en la Policía y dentro de las cárceles es bastante difícil. Yo trabajé muy bien con el último comando del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) desde el año 2012, el inspector Luis Mendoza y su equipo, y no tengo ni media razón para cambiar la opinión que de ellos tengo. Me parece que es un equipo de gente honesta que está haciendo las cosas lo mejor que pueden. Esto no significa que debajo de esos niveles de mando subsista una trama de corrupción que es difícil de atacar pero que es indispensable hacerlo. Una Policía que no sea transparente no genera confianza. Y si no genera confianza hay una fractura entre el ciudadano y el servicio policial. Esa fractura afecta el combate al delito. Si no se confía en la Policía, no se denuncian ciertas situaciones. Para obtener buenos niveles de seguridad se tiene que subsanar esa frontera entre el ciudadano y buena parte de la Policía. Para ello es necesario avanzar en transparencia. El problema del consumo de drogas en las cárceles es mucho más complejo que determinar cero gramo a partir de la semana que viene. Si eso ocurre con una población adicta cercana al 70%, por ejemplo, estalla el sistema carcelario en 15 días. El combate a la corrupción tiene que ser acompañado de alternativas terapéutica para los privados de libertad.

¿La policía uruguaya es corrupta?
Hay niveles de corrupción como existen en toda la sociedad, no solo en el Estado. No tengo razones para pensar que sea una policía particularmente corrupta.