Gasto tributario e inversión

Así es que se propone ir hacia un IRPF integral en lugar de actual sistema dual que grava por separado las rentas del trabajo y del capital, subir las tasas de los tramos superiores del IRPF, aumentar el impuesto al patrimonio y revisar las exoneraciones incluidas en diferentes impuestos recaudados. Según datos del MEF, si se suman las excepciones al IRAE zonas francas (US$ 300 millones), IRAE de inversiones (US$ 280 millones), IRPF capital (US$ 240 millones) e impuesto al patrimonio (US$ 540 millones), existiría una bolsa de casi 3 puntos del PBI de “gasto tributario” a la que se podría meter la mano. Lo que más se cuestiona es que el gobierno mantenga esta renuncia fiscal en aquellos sectores considerados como “superfluos" y no “estratégicos” para lo intereses del país.

Ante tales recomendaciones surgen con naturalidad algunos cuestionamientos. En primer lugar nos debemos preguntar si se tienen en cuenta los efectos indirectos que producen las inversiones exoneradas, por más “superfluas” que parezcan. ¿Estas actividades no generan derrames a otros sectores productivos? ¿Esos sectores no contribuyen al fisco? ¿Son considerados en el cómputo del “gasto tributario” que maneja el gobierno?

Mucho más importantes son las dudas existenciales que se plantean. ¿Existe realmente el “gasto tributario”, o si es solo una ficción? ¿En el nuevo contexto internacional –cuando los inversores miran con lupa a todas las economías emergentes– existirán las inversiones sobre las que el MEF computa el “gasto tributario”? ¿Y si encima le aumentamos la carga impositiva?

Entendemos que pueda irritar la piel el hecho de que las inversiones extranjeras tengan un tratamiento tributario más beneficioso que las inversiones locales. Puede ser injusto, si, pero es beneficioso para el país. En la última década la inversión en nuestro país tuvo un fuerte impulso, pasó de representar el 15% del PBI en 2004 llegar a un pico de 24% del PBI en 2013 y caer levemente en 2014. Esta suba en los niveles de inversión fue financiada en gran parte con ingresos de capitales del exterior, que alcanzaron registros jamás vistos: desde 1990 hasta 2004 representaban el 1% del PBI y se multiplicaron por siete para el promedio 2005-2014. Aproximadamente la mitad de los ingresos de capitales se explican por inversión extranjera directa. Estas inversiones –en su mayoría de origen brasileño, argentino, finlandés y norteamericano– no solo han sido responsables del reciente desarrollo de la producción agrícola, forestal, eólica y solar; sino que explican hoy más del 60% del total de las exportaciones del Uruguay.

Si nos guiamos exclusivamente por el equipo económico, la posibilidad de aumentar la carga impositiva no parece estar en el menú. Así lo indica el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo al Parlamento. Sin embargo, varios miembros del partido de gobierno se han pronunciado públicamente al respecto dejando claro que el proyecto presentado es “solo” la propuesta del Poder Ejecutivo. Falta mucha agua correr por debajo del puente antes de que el tema se de por cerrado.

Compartimos la iniciativa de aumentar sustancialmente la inversión en educación y en el cuidado de la primera infancia, tal como lo plantea el programa de gobierno. Sin embargo, pensamos que el financiamiento no debe venir con cambios impositivos. Creemos que se deben liberar recursos que se filtran en las empresas públicas. Es ahí donde habría que rascar porque su contribución a rentas generales se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Y no es solo porque inviertan más o porque congelaron las tarifas para frenar la inflación. Si uno mira los números se encuentra con un déficit de gestión que se traduce en un marcado escalón hacia abajo en el resultado operativo (excluye inversiones), ya a partir del 2008. Desde ya que compartimos la intención del equipo económico de que las ganancias de eficiencia operen como incremento presupuestal. Pero claro, es mucho más fácil proponer subir impuestos al capital, a los ricos y a las empresas –y más si son extranjeras– que introducir una verdadera reforma del Estado.

La inversión es el motor esencial del crecimiento económico. Si la torta no crece, no solo será muy complejo sostener las ganancias sociales observadas en la última década sino que también va a ser muy difícil financiar las mejoras en educación y en el cuidado de la primera infancia, vitales para poder mirar el futuro con mejores ojos. Esperemos que el ruido de la discusión presupuestal afecte lo menos posible a la inversión.