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GNLS objeta competencia de crimen organizado en denuncia por estafa de US$ 10 millones
El consorcio GNLS (integrado por la firma francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni) al que el Estado le había adjudicado la construcción de la planta regasificadora y luego rescindió el contrato por el atraso en la obra, enfrenta una denuncia por una estafa por US$ 10 millones presentada por una empresa local subcontratista.
La denuncia viene siendo tramitada en forma reservada por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. La acción fue presentada por Costa Fortuna, una empresa uruguaya especializada en el sector de pilotaje y cimentaciones de grandes obras, que pidió indagar a la cúpula y a los accionistas de GNLS para determinar si en solitario o en acuerdo con la firma brasileña OAS (que originalmente iba a estar a cargo de la obra civil) montaron una maniobra para perjudicar a las subcontratistas antes de la rescisión del contrato, cosa que ocurrió el 29 de setiembre.
Sin embargo, GNLS se presentó ante la jueza de los Santos y consideró que la magistrada no tiene competencia para instruir la investigación, dado que al tratarse de una presunta estafa está por fuera del elenco de delitos que pueden investigar las sedes especializadas en crimen organizado y por esa razón pidió que el expediente sea derivado a un juzgado penal ordinario.
El fiscal Gómez, tras analizar el planteo del GNLS, entendió que la sede especializada en crimen organizado es competente para continuar con la indagatoria y se pronunció a favor de que se consumen varias citaciones que ya solicitó, según informaron a El Observador fuentes del caso.
De acuerdo con la denuncia de Costa Fortuna, tras la salida de OAS siguió trabajando cumpliendo órdenes de GNLS pero no cobró por esas tareas. La empresa denunciante cuantificó la presunta estafa en US$ 10 millones.
Tras rescindir el contrato con GNLS para la construcción de la planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago, el Poder Ejecutivo está trabajando en la formulación de una convocatoria internacional para que otro privado retome el proyecto.
Al ser interpelada el 2 de setiembre en la Cámara de Diputados por la situación de la obra de la ragasificadora, la ministra de Industria, Carolina Cosse dijo que el costo del nuevo proyecto "será bastante menor" a lo que se había estimado inicialmente (unos US$ 800 millones) pero no ofreció mayores detalles. La idea de las autoridades es que la obra quede pronta en 2017.
