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Gobierno advierte que no está en discusión el aumento de penas

En la reunión con la oposición planteará proyectos por seguridad
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05 de abril de 2016 a las 05:00
Aunque en el Poder Ejecutivo existe disposición para recibir las propuestas que lleguen desde la oposición sobre seguridad pública, en la instancia multipartidaria convocada para la semana próxima el gobierno prevé defender las políticas aplicadas en la gestión del Ministerio del Interior encabezada por Eduardo Bonomi. Fuentes de esa cartera y allegados al presidente Tabaré Vázquez dijeron a El Observador que el oficialismo enfocará sus planteos en que el centro de las políticas de seguridad son la rehabilitación y la reinserción, e insistieron en que el gobierno rechaza el incremento de penas o avanzar sobre la tipificación de delitos, como reclaman dirigentes opositores.

Además en la Torre Ejecutiva y el Ministerio del Interior existe molestia por la solicitud de remoción de Bonomi, en el entendido de que eso politiza la discusión y saca el foco de las propuestas, confiaron los informantes.

De todas formas, el gobierno está dispuesto a legislar sobre las reincidencias, para evitar las salidas anticipadas de presos que cometen reiteración de delitos.

Proyectos

Ayer en Salto, donde sesionó el Consejo de Ministros, el ministro Bonomi dijo que el gobierno prepara cuatro proyectos de ley relativos a la seguridad pública para presentar a la oposición. "Nosotros tenemos un paquete de cuatro o cinco proyectos de ley que no implican endurecimiento de penas pero sí implican que se encadene mejor las reincidencias o las reiteraciones, y que eso obstaculice la salida anticipada que ha tenido actuación delictiva muy fuerte", dijo el ministro. Según explicaron las fuentes, para el gobierno lo fundamental es instalar el concepto de "reiteración" en el entendido de que una persona que cometa rapiñas reiteradamente no pueda tener una salida anticipada.
Bonomi afirmó que "hasta ahora lo único que hay son reacciones mediáticas".

"No es un intercambio real y el presidente está convocando a hacer ese intercambio y ahí veremos", agregó.

Además, en la Torre Ejecutiva rechazan el tratamiento de leyes urgentes sobre seguridad, como propuso el senador blanco y líder de Todos, Luis Lacalle Pou.

En tanto, en el Ministerio del Interior advierten que en 2010 ya hubo acuerdo multipartidarios sobre seguridad y afirman que sus objetivos se cumplieron o están en proceso.

La reacción

La semana pasada, Lacalle Pou había pedido al presidente Vázquez que seleccionara un conjunto de proyectos de ley sobre seguridad que contara con el acuerdo de todos los partidos y lo enviara al Parlamento como normas de urgente consideración.

Integrantes del gobierno consultados por El Observador destacaron que Lacalle Pou no presentó en los últimos días ninguna medida concreta, salvo el pedido de renuncia de Bonomi al Ministerio del Interior. Los informantes sí admitieron conocer propuestas de los senadores Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay).

Al igual que Lacalle Pou, Larrañaga y Bordaberry sobre fines de marzo volvieron a enfocar sus salidas públicas en el tema de la seguridad tras una sucesión de asesinatos a jóvenes o trabajadores ocurridas en los últimos dos meses.

"No es un intercambio real (con la oposición) y el presidente está convocando a hacer ese intercambio", Eduardo Bonomi, ministro del Interior

En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso un acuerdo sobre seguridad y provocó la reacción del gobierno, que convocó a la reunión para el martes 12 de abril.
Vázquez afirmó el jueves 31, durante una presentación en el marco del Diálogo Social Uruguay al Futuro, que los partidos deben acordar una "política de Estado" sobre seguridad.

Larrañaga quiere impulsar un conjunto de leyes para endurecer penas a los narcotraficantes, menores infractores, dar más facultades a la Policía y crear una guardia militarizada.

"El mensaje debe ser claro, el que se mete con las drogas va preso", dijo al diario El País el 27 de marzo. También planteó aplicar una pena de 4 a 15 años de prisión al responsable de un hogar cuando sea utilizado como boca de venta o distribución de drogas.

Ayer Bonomi fue consultado sobre esa propuesta. "No nos parece correcto considerar un lugar que es de comercio ilegal como un hogar. Ya en el Parlamento fuimos más lejos de lo planteado porque se disfraza de hogar el lugar de comercio ilegal", respondió.

En tanto, Bordaberry propuso modificar normas relativas a la reincidencia, aumentar penas a menores por homicidios y rapiñas, poner en marcha el Código del Proceso Penal y crear el Instituto Nacional de Cárceles, sacándolo de la órbita del Ministerio del Interior, entre otras iniciativas.

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