Gobierno avanza en protocolo para prevenir las ocupaciones

Negocian con cámaras y sindicatos para atender recomendación de OIT
Tal cual se había anunciado durante la gira que encabezó el presidente Tabaré Vázquez por Europa, hace dos semanas el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT retomaron las negociaciones tendientes a incorporar en la ley de Negociación Colectiva las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010.

El Poder Ejecutivo hizo llegar a las gremiales de Comercio e Industria una propuesta de seis puntos, entre los que se incluye uno que apunta a fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos entre empresarios y trabajadores, para evitar que las diferencias terminen luego en ocupaciones y piquetes.
En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera, indicó que se trata de un protocolo que deberá activarse de forma previa a que cualquiera de las dos partes lleve adelante una medida. Perera sostuvo que en principio esa fórmula es vista con buenos ojos, aunque atendería solo una de las recomendaciones realizadas por la OIT y no sería suficiente para retirar la queja.

Por ejemplo, en el caso que una empresa decidiera despedir trabajadores o cerrar sus puertas, antes de concretarlo deberá participar de un ámbito de negociación tripartita por espacio de 20 días, en donde se analice la situación y eventualmente se busquen alternativas. Durante ese plazo el empresario no podrá efectivizar la medida y los trabajadores tampoco podrán adoptar ninguna medida de fuerza. Vencida esa instancia, y en caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes quedarán libres de tomar las medidas que entiendan convenientes.

La propuesta será analizada esta semana por las gremiales empresariales. En el caso del PIT-CNT, se espera por el documento oficial para que sea analizado por el Secretariado Ejecutivo de la central, según dijo a El Observador el dirigente Milton Castellanos. Varios convenios colectivos del sector privado ya cuentan con cláusulas de prevención de conflictos opcionales y con el protocolo se busca generalizarlas a todos los sectores.

"Si tenemos buenos mecanismos, las posibilidades de ocupaciones y piquetes se reducen drásticamente", apuntó.

Por otro lado, los empresarios continúan con sus reclamos por el decreto del gobierno para regular los piquetes y manifestaciones que corten la libre circulación en calles y rutas. Mientras el Ministerio del Interior defendió la normativa y reivindicó el derecho a huelga de los trabajadores, en la Cámara de Comercio advirtieron que la resolución del Poder Ejecutivo profundiza la idea de que en Uruguay hay "ciudadanos de primera" y otros "de segunda", al perjudicar a los propietarios y beneficiar, según afirma la gremial, a los sindicalistas.

"Yo considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los entes públicos no se pueden ocupar y las empresas privadas sí. Si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite (desalojar) a los que sí lo son, de nuevo estamos generando división en las estructuras", dijo Perera, en una conferencia de prensa.

Los dirigentes de la Cámara de Comercio estuvieron reunidos ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Danilo Astori (Economía y Finanzas), Ernesto Murro (Trabajo), Carolina Cosse (Industria) y Liliam Kechichian. La reunión fue realizada por los 150 años de esa gremial.

El Poder Ejecutivo publicó el lunes 20 un decreto que autorizó al Ministerio del Interior a liberar calles y rutas ocupadas por manifestantes de manera directa y sin esperar el fallo de la Justicia.
El alcance del decreto no fue tratado en la reunión entre Vázquez y los empresarios aunque sí hablaron de la queja presentada por las gremiales uruguayas ante la OIT.

De todos modos, el presidente de la Cámara de Comercio mostró su molestia cuando los periodistas que esperaban en la puerta de la Torre Ejecutiva lo consultaron por la medida. "Lo que he escuchado es que el decreto no podría ser aplicado a los sectores sindicales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pretendemos protocolizar todo ese tipo de actividad para que haya tranquilidad. El tema hecho así es una violación de los derechos del propietario, de trabajadores que no están afiliados, etcétera", sostuvo.

Mirada oficial

El director general de Secretaria del Ministerio del Interior, Charles Carreras, defendió el decreto en una columna publicada ayer en el diario La República. En el texto el jerarca reivindicó el derecho de huelga y criticó a empresarios. Carrera afirmó que "para una fuerza de izquierda es lícito que haya marchas de trabajadores" y recordó que la resolución "hace mención" al artículo 57 de la Constitución que consagra el derecho de huelga.

"Por estos días hubo otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, hubo disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos; así como buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores, y eso debe quedar claro", concluyó el jerarca.

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