Gobierno avisó al FA que si quiere gastos deberá presentar alternativas

Varios sectores de la izquierda no quieren postergar el dinero para planes educativos
Nadie quiere líos en el Frente Amplio y mucho menos en medio de un invierno que se presenta árido, no solo por el frio y la humedad, sino también por una circunstancia económica bastante lejana a la bonanza que se vivió en los últimos diez años.

Además, la coalición de izquierda se encuentra embarcada en una campaña electoral que terminará el último domingo de julio con la proclamación del nuevo presidente de esa fuerza política. Una razón más para no hacer olas y mantener un clima de unidad un poco más cálido que el de la temperatura ambiente.

Sin embargo, la Rendición de Cuentas que la semana pasada entró al Parlamento se presenta como una circunstancia propicia para que el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo se enreden en un tira y afloje que tendrá como centro los gastos previstos para la educación.

Ya negociado el aumento que tendrán las franjas más altas del IRPF, la izquierda deberá definir qué hace con el dinero que estaba previsto proveer en 2017 a la ANEP, la Universidad de la República y el Inau, dinero que el Poder Ejecutivo quiere postergarlo para el 2018.

Fuentes cercanas al equipo económico encabezado por Danilo Astori dijeron a El Observador que el proyecto está abierto a cambios -al fin y al cabo el Parlamento tiene la última palabra- pero se exigirá que se presenten alternativas a cada gasto que se proponga.
. Desde el Poder Ejecutivo ya les fue transmitido a los legisladores frenteamplistas su disposición para negociar dentro de los márgenes que no pongan en riesgo las cuentas públicas y, por tanto, las notas de las calificadoras de riesgo.

Es más, el presidente Vázquez transmitió a la fuerza política que está abierto al diálogo cuando lo consideren necesario.
Sin ir más lejos,Vázquez asumió que se equivó al comunicar al Frente Amplio cuáles serán los gastos en educación postergados hasta 2018 .

Por varias vías, Vázquez le pidió a los legisladores que entedieran el desencuentro y votaran la Rendición de Cuentas tal cual fue enviada al Parlamento, informó El Observador el jueves 16.
. En el encuentro del que participaron Vázquez y los integrantes del Secretariado Ejecutivo del FA el 1 de junio, todos se fueron seguros de que el gobierno había cedido en la pretensión de la fuerza política de que no se postergaran hasta el 2018 ninguno de los gastos en educación.

Sin embargo, en los últimos días, integrantes del Frente Ampio se sorprendieron al enterarse de que el gobierno sí tenía previsto postergar "algunos" gastos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y los vinculados con la Universidad de la República y el Insituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau).

"Zona gris".

Esa "zona gris" - así la definió el diputado socialista Gonzalo Civila- es la que está causando ciertos desencuentros en la coalición de izquierda cuando se esperaba que el proyecto tuviera un trámite rápido por el Palacio Legislativo.

En una conferencia de prensa realizada el 6 de junio luego del Consejo de Ministros, el ministro Astori había anunciado que no se diferirían para 2018 "los recursos destinados a algunas instituciones dedicadas a la innovación, el conocimiento y la tecnología".

Entre las instituciones mencionadas estuvieron: la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Instituto Pasteur, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Astori informó, además, que no se habrían de diferir los gastos previstos para asignar recursos a la educación por convenios salariales, totalizando la suma de $1317 millones.
Pero en ningún momento se refirió a otros gastos previstos para la ANEP, la Universidad de la República y el INAU.

Fuentes políticas dijeron a El Observador que la mayor preocupación radica en ese dinero que le faltará al instituto que atiende a los niños y adolescentes infractores y en situación de desamparo.
No obstante, como ya fue dicho, en el Poder Ejecutivo espera que los lesgiladores aporten las alternativas necesarios para que esa asistencia sea más rápida.

La Rendición de Cuentas será analizada primero por los diputados y luego por los senadores. Cada cámara tiene un plazo máximo de 45 días para aprobar la propuesta.


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