Gobierno busca reducir costos para ampliar el acceso al microcrédito

El Poder Ejecutivo aprobó exoneración del Impuesto al Patrimonio para las administradoras de crédito

El Poder Ejecutivo aprobó ayer una rebaja impositiva para aquellas administradoras de crédito que tengan su foco principal en el negocio de préstamos a microempresarios de todo el país, al exonerarlas del Impuesto al Patrimonio (IP) con el objetivo de ampliar el alcance de este tipo de financiamiento y reducir sus costos. Sin embargo, la medida tendrá un impacto acotado a la actividad de República Microfinanzas –que es propiedad del BROU–, ya que el resto de las empresas que se dedican al microcrédito se han volcado mayormente a operar con financiamiento al consumo.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó ayer al término del Consejo de Ministros que el gobierno había aprobado un decreto por el cual exonera del IP a financieras que impulsen microempresas. "Aquellos administradores de crédito que dediquen la parte mayoritaria de sus activos a financiar microempresas, quedarán exoneradas del Impuesto al Patrimonio", anunció a la prensa Ferreri.

Para acceder al beneficio, según lo establece el artículo 3 del decreto, las administradoras de crédito deberán contar con una cartera comercial en su ejercicio al menos en 60% del total del financiamiento a microempresas. Según comentaron fuentes del mercado financiero, si bien hay varias administradoras de crédito que prestan servicios de microcrédito, "el grueso tiene su foco en el mercado del consumo", salvo el caso puntual de la estatal República Microfinanzas.

Precisamente, el gerente general de República Microfinanzas, Luis Murias, dijo a El Observador que es una buena noticia que incidirá en un "abaratamiento de los créditos" que otorga su institución. La tasa del IP que paga esta institución es del 2,8%, pero debía pagarse "en dos oportunidades" ya que su único accionista (el BROU) también debía pagar ese tributo por su lado.

Murias destacó la "buena disposición" del gobierno para atender una vieja aspiración de esa unidad de negocio del banco estatal. Actualmente, esta institución maneja una cartera de crédito de $ 800 millones (unos US$ 28 millones). En los últimos años, ha cobrado protagonismo como agente de financiamiento para el sector granjero y pequeños tamberos.

Beneficiarios

De acuerdo al decreto que aprobó el Ejecutivo, la exoneración del Impuesto al Patrimonio beneficiará a aquellos microempresarios con personal dependiente que no exceda de cuatro personas y cuyos ingresos anuales del último ejercicio no superen el equivalente a 2 millones de unidades indexadas (unos $ 6,9 millones o US$ 242 mil).

También se incluye a productores familiares agropecuarios registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que hayan optado por tributar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba).

"No estamos hablando de una renuncia fiscal efectiva, en todo caso es potencial; pero entendemos que esa resignación fiscal está absolutamente justificada porque una de las principales restricciones es, justamente, el acceso al crédito", sostuvo Ferreri y consignó Presidencia. El jerarca recordó que el 95% de las empresas uruguayas son de pequeña escala.

Tope en tasas de interés aumentó hasta 40%

Uno de los principales escollos y reclamos que las administradoras de microcrédito hacen a las autoridades son los topes en las tasas de interés que, por ley, impera para su régimen de financiamiento. Las empresas del sector argumentan que necesitan mayores tasas para tener un fondeo adecuado y acceder a un mínimo de rentabilidad, teniendo en cuenta que los créditos al consumo pueden contar con tasas superiores al 70% anual.

En los últimos días las administradoras recibieron una "noticia positiva" en los topes que el Banco Central fijó para el trimestre que se inició el pasado 1° de setiembre, con un aumento de seis puntos (de 34% a 40% anual) para el financiamiento de aquellos microempresarios que facturan menos de 500 mil unidades indexadas anuales ($ 2,4 millones).

El gerente general de Fundasol, Jorge Naya, recordó que un estudio académico mostró que para el financiamiento del microcrédito el fondeo tiene un costo del 16%, mientras que los salarios de las administradoras tienen un peso del 13%. A eso hay que sumarle otras tasas que son difíciles de predecir –como la de incobrabilidad–, o los costos de movilidad que implican este tipo de financiamiento, que se caracteriza por un trato más personal con el cliente.



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