Gobierno corporativo y gestión de riesgo, desafíos para los entes

En su balance presentado ayer, ANCAP enumeró tres "orientaciones inmediatas de gestión": mejora de gobierno corporativo, mejores sistemas de información y gestión integral del riesgo. Justamente, el desempeño de las empresas públicas en Uruguay fue el centro de la conferencia "La transformación imprescindible: gobernanza de las empresas públicas", organizada en la mañana de ayer por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Los tres expositores –el periodista Tomás Linn, el ingeniero Omar Paganini, del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, y la economista María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía– presentaron una visión crítica sobre la temática, al tiempo que propusieron qué caminos se podrían tomar para lograr mejoras.

Para romper el hielo, el presidente de ACDE, Martín Carriquiry, sostuvo que sobre las empresas públicas –que "consumen más recursos de los que deberían", dijo– "se habla mucho y se hace poco". Añadió que si no se toman cartas en el asunto el crecimiento del país "corre riesgo serio de estancarse", por lo que pidió "recortar la grasa del Estado" y "bajar los costos de los servicios".

Benavente, por su parte, apuntó que la institucionalidad no es "funcional" a la eficiencia de estas empresas e indicó que se trata de una "falla" de diseño que "no tiene color político", sino que se dio bajo diferentes gobiernos. Uruguay, dijo, se está rezagando y "quedando solo" mientras que el resto de los países de América Latina mejoran en este aspecto. Ahora, agregó, es el momento de "hincarle el diente" e instalar el tema entre la población.

La economista citó un trabajo –Empresas del Estado y eficiencia: la relevancia del ejercicio de la propiedad, de Ignacio Munyo y Pablo Regent– donde, entre otros aspectos, se menciona la existencia de 120 "empresas satélite": hijas de una empresa pública pero que operan bajo el derecho privado y que en muchos casos compiten con firmas privadas. "Un manual de cómo no se deben hacer las cosas", opinó Benavente, quien lo calificó una "solución institucional que no es la adecuada".

Asimismo, propuso que podría ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el órgano idóneo para ejercer el contralor de las empresas públicas.

La construcción del ANTEL Arena fue puesto como ejemplo por Benavente como el tipo de decisiones que las empresas públicas no deberían tomar de manera autónoma. "Máxime si están en el precipicio del estatuto", comentó.

A su turno, Paganini –quien se centró en el sector energético– dijo que en el país este tipo de actores padecen una mezcla de roles –empresa, agencia de desarrollo y "un poco reguladores"– que hace "difícil" la rendición de cuentas.

El experto propuso que la institucionalidad necesaria debería contemplar: el diseño de un sistema balanceado; la separación de roles y objetivos; la oposición de intereses; y por lo menos, tres roles diferentes: gobierno, operadores y regulador. También enfatizó que los entes públicos deben funcionar "como empresas" pese a que sean estatales.

Según Paganini, el problema no es "privatizar o no privatizar". No se trata, dijo, de debatir la propiedad de la empresa sino su gobernanza. Debido a las "malas noticias" que vendrán –"ANCAP va a seguir perdiendo dinero", ejemplificó–, cómo se manejan las empresas públicas va a estar "en el candelero por bastante tiempo". Esta coyuntura debe aprovecharse para tomar medidas, apuntó. En este sentido, Benavente señaló que habían encontrado "mucha receptividad" en el gobierno, que está "preocupado y ocupado" por este tema.

Por su parte, Linn habló de un "apartheid" entre el sector público y el privado en Uruguay y dijo que se trata de un mal endémico: "cambian los partidos y seguimos manejando mal las empresas".