Gobierno declara la guerra a Uber con proyecto que busca prohibirla

El gobierno remitió a la bancada de Diputados del Frente Amplio un nuevo proyecto de ley que tiene la finalidad de bloquear el funcionamiento irregular del transporte de personas como Uber, Cabify y Easygo.

A diferencia del resto de los proyectos que ya se sometieron a estudio en este tema –fundamentalmente a raíz de la llegada de Uber al país-, la iniciativa no se centra en la regulación de las aplicaciones que aparecieron en el contexto de la nueva economía digital sino en el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte individual y colectivo de pasajeros.

"El proyecto propone un cambio de enfoque y se hace centro en el transporte de personas como servicio de interés público, sea a través de la intermediación de una plataforma informática o no", afirma la misiva que el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, le envió al coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Gonzalo Civila y a la que accedió El Observador.

La iniciativa de Presidencia, que recibió la colaboración de la dirección de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, establece la transparencia informativa de los prestadores de servicios y genera distintos tipos de sanciones para quienes operan en el transporte público "de forma irregular" y "en toda la línea de contratación".

Esa norma establece que "todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a estas últimas".

El artículo incluye la utilización de aplicaciones informáticas que tengan por objeto "la mediación o intermediación en la prestación de los servicios" o el suministro de datos a prestadores y usuarios para que puedan acordar el servicio.

Hay dos tipos de sanciones previstas. En primer lugar, cuando se detecte que un conductor transporta pasajeros sin la regulación correspondiente se le quitará la libreta por un año. En caso que el conductor vuelva a cometer la misma infracción la sanción será por dos años. Para ambos casos el proyecto también deja la puerta abierta para la aplicación de sanciones económicas.

El proyecto de ley habilita a los funcionarios del Ministerio del Interiores, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los gobiernos departamentales a controlar el transporte "oneroso" de personas en cualquiera de sus modalidades se realice únicamente "en vehículos autorizados".

En segundo lugar, la iniciativa establece que el Banco Central del Uruguay (BCU) suministrará información a las autoridades competentes para la "detección, conocimiento y control" de la normativa sin necesidad de orden judicial previa.

Si organismos del Estado detectaran el incumplimiento de obligaciones podrán promover ante el Poder Judicial "preventivamente la imposibilidad de realizar transferencias de fondos, así como cualquier operación, desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas intervenientes en la prestación del servicio", establece la propuesta del Ejecutivo.

El proyecto de ley del gobierno establece en su artículo tercero que los servicios contratados por medios electrónicos son "equivalente funcionalmente" a aquellos contratados por medios tradicionales, razón por la cual se aplicará la misma regulación jurídica.

El proyecto también obliga a los prestadores de servicios de transporte público a tener publicados de manera electrónica un conjunto de datos a los que se pueda acceder de forma "permanente, fácil, directa y gratuita".

Entre esa información figura: la inscripción en el o los registros en que deban encontrarse inscriptos; datos referidos a toda autorización, permiso, licencia para el desarrollo de la actividad así como la identificación del órgano competente encargado de su supervisión; el número de registro en el organismo provisional respectivo y el título oficial o profesional con el que cuenta y, por último, "información clara y exacta sobre el precio del servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables".

La propuesta del Ejecutivo llegó ayer a la bancada de Diputados del Frente Amplio, que se tomará algunos días para estudiar el tema que hasta ahora venía siendo tratado en la Comisión de Innovación Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, legisladores del Frente Amplio que tuvieron una primera aproximación a los contenidos del proyecto advirtieron que la Comisión de Transporte será el ámbito de tratamiento adecuado para este proyecto.

La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología tenía en su horizonte la discusión de un proyecto diseñado por el diputado frenteamplista, José Carlos Mahía, que busca que "la economía digital sea una oportunidad de mejorar la calidad de los servicios" y no una forma de "eludir tributos". Sin embargo, ahora es factible que el proyecto de Mahía no se discuta el próximo lunes en esa comisión en función de la nueva propuesta del gobierno.

En los hechos esta situación prolongará la espera en la Comisión de Innovación que está a la espera de una luz verde para legislar un tema que genera debate, polémica y violencia en la calle.

El representante por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi, se había lamentado por la tardanza en la definición del Frente Amplio. "La creciente tensión y el agravamiento de los desbordes institucionales exigen una rápida definición legal",dijo el legislador.