Gobierno desalentará jubilación de militares en busca de ahorro

Analizan subir la edad obligatoria de retiro y terminar con algunos beneficios
Según dijo el economista Ernesto Talvi, Uruguay no entró en crisis pero está en dificultades. Y, además, el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) tiene dudas de que el ajuste fiscal resuelto por el gobierno sea suficiente para equilibrar las cuentas del país.
Eso que advierte este economista centrista y liberal, también lo sienten los principales jerarcas del gobierno del Frente Amplio quienes analizan una batería de medidas para evitar que el año que viene tengan que aumentar otra vez los impuestos o, a más corto plazo, elevar el costo de las tarifas públicas.

Ya anunciados las nuevas tasas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el equipo económico se apresta apretar tuercas sueltas como las que, por ejemplo, les permiten a los militares preservar un sistema previsional de privilegio que le cuesta al Estado unos US$ 450 millones por año.

Fuentes del oficialismo dijeron a El Observador que la reforma que se planea aplicar en esa caja apunta directamente a desestimular el retiro de los militares –mayormente del personal superior- que alentados por un régimen jubilatorio que los rige desde 1974, les permite, según el rango, irse de los cuarteles con 20 años de servicio y con menos de 50 años de vida.

Además, cada año de trabajo en el exterior de los uniformados se les computa doble, cobran como jubilación el 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y, cuando se mueren, buena parte del cobro de sus haberes son heredados por su familia

. Los generales pasan a retiro obligatorio al cumplir 60 años, los coroneles a los 55 años, los tenientes coroneles a los 52 años y los mayores a 48 años.
Dentro del personal subalterno, los suboficiales mayores se jubilan a los 55 años, los sargentos primero a los 52 años, los sargentos a los 50 años, los cabos de primera a los 48 años, los cabos de segunda a los 46 años; los soldados a los 45 años y los soldados de segunda a los 40 años.

En el gobierno advierten -como ya lo habían advertido las anteriores administraciones- que ese régimen es un incentivo para abandonar tempranamente la actividad militar. Sobre todo si se tiene en cuenta que, una vez retirados, los efectivos pueden seguir trabajando en el ámbito privado.

Una de las soluciones que se maneja es la de llevar a 60 años, aunque los detalles de la propuesta vienen siendo manejados en conjunto por parte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa.
Se sabe sí que los derechos adquiridos por quienes ya están jubilados no serán tocados.

También serán contemplados aquellos casos en los que los involucrados tengan los años necesarios para jubilarse (si así no fuera, evalúan en el gobierno, se generaría una catarara de retiros voluntarios).
La reforma impactará en quienes ya están aportando para una futura jubilación y todavía no tienen los requerimientos para hacerlo.

Se estima que al desestimular la jubilación crecerá la cantidad de personal activo y, de esa manera, empezará a desinflarse el déficit.

Otro de los privilegios que está en la mira del gobierno es la denominada "ley zanahoria" que establece que un oficial que se retira con determinados años de servicio en su grado, no puede cobrar menos que otro colega de su misma jerarquía que ya esté jubilado.
. Se estiman en unos 23 mil los militares que revisten en las Fuerzas Armadas. Los uniformados que ya se jubilaron rondan los 49 mil.

Los sueldos de los militares van desde algo más de $ 10 mil pesos (soldado de segunda) a casi $ 100 mil en el caso de un teniente general.
El presidente Tabaré Vázquez ha dicho que esos cambios se concretarán en una ley diferente a la del proyecto de Rendición de Cuentas que está a punto de entrar en el Parlamento.
Se estima que las nuevas normas estarán impactando en las arcas estatales en un plazo de dos o tres años.

El ministro de Economía, Danilo Astori, ha dicho que la reforma se torna impostergable. "La recaudación del servicio de pensiones y pasividades de las Fuerzas Armadas equivale al 19% de las pasividades que paga, y eso tiene una repercusión fiscal enorme", advirtió.



BCU y DGI combaten evasión fiscal

El Banco Central y la DGI están analizando una serie de medidas para evitar una evasión fiscal que, según consideran, le cuesta a las arcas públicas varios millones de dólares anuales. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que, en este tema, los jerarcas de esas dependencias estarán en contacto con la comisión especial del Senado que analizará las alternativas de los famosos Panamá Papers que revelaron la existencia de cientos de cuentas offshore operadas por la firma Mossack Fonseca. Ese tipo de cuentas pueden ser utilizadas para manejar dinero fuera del país de origen y así evadir el pago de tributos. En el Poder Ejecutivo quieren aggiornar la legislación vigente para que las normas que son cumplidas por los bancos también alcancen a los estudios contables y a las personas que actúan como intermediarios.





Populares de la sección

Acerca del autor