Gobierno enfrenta al Sunca por correctivos salariales de la ronda anterior

Empresarios están dispuestos a dar aumento, pero el gobierno impide que lo pasen a precios

En las negociaciones para la renovación del convenio colectivo en la industria de la construcción se sumó otro punto de diferencia entre el Sunca y el Poder Ejecutivo, que parece ser el que faltaba para terminar de complicar las cosas. En la última reunión de Consejos de Salarios en el Ministerio de Trabajo (MTSS), la representación del Poder Ejecutivo comunicó su negativa a acompañar el pago de un correctivo por inflación que, según el Sunca, corresponde al convenio anterior del sector que cayó el pasado 30 de setiembre.

El sindicato entiende que corresponde un ajuste extra de 3,9%, producto de la diferencia entre la inflación proyectada en el convenio anterior (5%) y la efectivamente observada (8,9%) en el año móvil a setiembre. Sin embargo, el Poder Ejecutivo argumenta que no hay nada en la redacción del convenio que lleve a que se tenga que realizar ese pago. El gobierno está de acuerdo en que el sindicato y las gremiales corrijan esa situación para que se dé el correctivo, pero bajo la condición de que las constructoras no lo trasladen a precio en los contratos de obra púbica.

Fuentes del sector de la construcción dijeron a El Observador que el planteo realizado por el Sunca en la última reunión del 4 de noviembre pasado sorprendió porque no había nada previsto en esa dirección de acuerdo al convenio firmado en 2013.

Pese a eso, las cámaras empresariales están dispuestas a considerar el planteo, pero se encuentran con la dificultad de no poder pasar ese costo a los precios en los casos donde hay vínculos con el Estado. La alternativa sería absorber los costos, pero la inmensa mayoría no está en condiciones de hacerlo. El gobierno también hace valer un punto del convenio que establece que los ajustes salariales del acuerdo "están condicionados a la correspondiente autorización de su traslado a los precios por parte del Poder Ejecutivo". Pero el Sunca entiende que el correctivo no está comprendido en ese razonamiento y tiene que ser autorizado sin más trámites.

"No entendemos. Cerca de 1,5 millones de trabajadores ya recibieron el correctivo anual. Esto dificulta y mucho avanzar en el nuevo convenio", dijo a El Observador el dirigente sindical, Daniel Diverio. "Las cámara están de acuerdo en dar el correctivo porque nunca estuvo en discusión no darlo. Era parte del planteo de las pautas pasadas", añadió.

También el secretario general del Sunca, Oscar Andrade, fue duro con la posición adoptada por el gobierno. "Hay que ir hasta la crisis del 2002 para encontrar antecedentes de iniciativas de recorte del salario. Cuesta encontrar los fundamentos económicos y políticos que sostengan una propuesta de este tipo, máxime de una fuerza como la que está en el gobierno; salvo una predisposición a confrontar insólita, digna de pirómanos o aprendices de brujo", escribió en su cuenta de Facebook.

En el espíritu de este convenio y del resto de los acordados en la pasada ronda se contemplaba el pago de un correctivo por la diferencia entre la inflación observada y el punto medio del rango meta oficial de 3% a 7% que estipulaban las pautas del Poder Ejecutivo. En el caso de la construcción, por una omisión al momento de la redacción del convenio, ese ajuste no está en el texto para el último año de vigencia y a eso se aferra el gobierno.

"Surgen diferencias a corregir evidentes. Se puede calcular esto en cualquier escuela del país, salvo para quienes establecen las orientaciones económicas para los convenios colectivos en la industria de la construcción. (...) Las cartas parecen estar echadas", añadió Andrade.

Leña al fuego

Las diferencias se suman a las que ya arrastran el sindicato y el gobierno en torno al nuevo acuerdo que debería cerrarse antes de fin de año. El Sunca considera que con los parámetros actuales no garantizan el mantenimiento del salario real. Por eso el gremio aspira a que el gobierno acceda a habilitar ajustes salariales anuales, en lugar de semestrales, y que los correctivos por inflación sean cada 12 meses y no a 18 o 24 meses, como pretenden las autoridades.

Las cámaras empresariales comparten la inquietud de los trabajadores y aceptan negociar bajo esos términos, pero se repite el problema: el traslado a precios. El Ejecutivo fijó en la sexta ronda de Salarios como condición para los sectores que tienen contratos o subsidios del Estado que cualquier ajuste salarial por fuera de las pautas no puede incorporarse a los precios.

En ese contexto, el Sunca lleva adelante movilizaciones y paros en las obras de todo el país. Una de las últimas tuvo lugar ayer en el centro de Montevideo. Para el próximo 16 de noviembre está previsto realizar una nueva asamblea general. En esa instancia y en función del estado de las negociaciones se resolverá un nuevo plan de acción. El Sunca ya adelantó que está dispuesto a endurecer las medidas en la industria si no se atienden sus reivindicaciones.

De no haber un acuerdo, el gobierno debería decretar los laudos mínimos para las distintas categorías. Eso abriría la puerta para que cada obra del país quedara expuesta a conflictos por distintos reclamos que puedan hacer los trabajadores. Incluso las gremiales empresariales han reconocido que está latente la posibilidad de una huelga. Mientras que el gobierno se aferra a las pautas ya dadas e impide que los constructores trasladen a precios cualquier aumento salarial por fuera de esos lineamientos, los trabajadores insisten con una plataforma alejada de esos parámetros.


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