Las negociaciones que se llevan adelante entre el gobierno y la empresa UPM para la eventual instalación de una tercera planta de celulosa –la segunda de esa empresa– en el país tuvieron este martes un mojón clave, con la firma de un acuerdo marco laboral.
El documento suscrito en la residencia presidencial de Suárez y Reyes por el Poder Ejecutivo, UPM, el PIT-CNT y las cámaras de la Construcción y Metal tiene entre sus objetivos comunes generar las condiciones que permitan, una vez decidida la inversión, comenzar a operar y producir plenamente la nueva planta industrial dentro de los plazos previstos; impulsar y promover la seguridad y salud laboral, y contribuir a la capacitación y consolidación de mano de obra calificada uruguaya.
En el escrito se establece que las partes deberán desarrollar, negociar y acordar protocolos de actuación "para permitir la correcta planificación y gestión del proyecto en tres puntos claves: salud y seguridad ocupacional; capacitación y mano de obra; y transporte, alimentación y vivienda. Pero también se incluye un capítulo especial sobre mecanismos de prevención y solución de conflictos con actuaciones en diversos ámbitos escalonados.
El acuerdo marco se aplicará en todas las actividades que se realicen dentro de la nueva zona franca que se establezca en Tacuarembó o Durazno, dónde se planea desarrollar el proyecto. Y comprenderá a los trabajadores uruguayos y extranjeros dependientes de las empresas contratistas y subcontratistas que cumplan tareas de obra directa para la nueva planta de UPM en la construcción de la obra civil, el montaje electromecánico, o en tareas o servicios vinculados directamente al proyecto.
Sobre la contratación de mano de obra extranjera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo en conferencia de prensa que el criterio bajo el que se está dialogando es el que establece la normativa existente, que asegura 75% de personal nacional. De todas formas aclaró que ese punto "será objeto de posteriores análisis a los efectos de su resolución final", añadió.
El gobierno continúa en negociaciones con la multinacional finlandesa con el objetivo de alcanzar un acuerdo de inversión que defina las condiciones previas para la inversión industrial, así como las obras para el desarrollo de la infraestructura.
Este capítulo establece que deberán desarrollarse instancias de diálogo y negociación específicas para solucionar los reclamos laborales individuales o colectivos que se planteen durante la ejecución de las obras. El documento dice que deberán funcionar diversos ámbitos bipartitos o tripartitos de conciliación y mediación, ordenados, escalonados y sucesivos, con fines preventivos y con procedimientos y plazos en cada ámbito. Además se estableció la "no adopción de medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades de obra, antes de haber finalizado total o formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas".
Sobre este punto se redactó que la seguridad e higiene laboral en la obra, así como la salud ocupacional, constituyen aspectos prioritarios del proyecto. En ese sentido, se mencionó que será fundamental aplicar los máximos esfuerzos en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para cumplir con esa expectativa se buscará aplicar procedimientos de seguridad específicos para permisos de trabajo que sean requeridos para la ejecución de determinadas áreas y detención de tareas en situaciones de riesgo inminente para la seguridad y salud. Además, se tendrá que definir la creación y el funcionamiento de una comisión tripartita de seguridad e higiene laboral para el proyecto, integrada por delegados de las partes y con personal jerárquico de la Inspección General del Trabajo.
En este capítulo se establece que los cursos de capacitación deberán enfocarse en trabajadores de la zona de influencia geográfica de la planta. También dice que las empresas podrán seleccionar libremente para la contratación aquellos trabajadores que consideren más idóneos para la realización de los trabajos necesarios.
Además, se apunta a realizar una convocatoria pública y registro abierto de trabajadores, que tendrá como referencia la base de datos del MTSS (Vía Trabajo). Así se buscará conocer la oferta de mano de obra uruguaya especializada y obtener una fuente de reclutamiento no obligatorio de trabajadores postulantes con habilidades requeridas debidamente documentadas, al que tendrán acceso directo las empresas contratistas.
Los servicios de transporte y alimentación en obra deberán garantizar buenas condiciones de vida, según el texto. Además, se deberán otorgar facilidades de alojamiento multimodal y desconcentrado en diversos lugares de la región o localidades más próximas, para quienes no se encuentren radicados en Tacuarembó y Durazno, entre otros puntos.
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