Gobierno español definirá este sábado las medidas de intervención en Cataluña

Ese artículo permite al gobierno central tomar "las medidas necesarias para obligar" a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones, en caso de que esta incumpla la ley.

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Rajoy convocó para ello a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que se realizará este sábado, en el que se aprobarán las medidas a aplicar para intervenir en la administración catalana. La resolución será luego elevada al senado.

"El gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico" causados por el desafío independentista, afirma el comunicado.

Luego de las elecciones del 1º de octubre, en que los independentistas dicen haberlo ganado con el 90,18% de los votos, Puidgemont afirmó en el Parlamento catalán que dejaba en suspenso la declaración de independencia para iniciar un proceso de diálogo. Rajoy activó entonces el primer paso hacia la aplicación del artículo 155 de la Constitutución y pidió al presidente de la Generalitat que aclare si había declarado o no la independencia.

Puigdemont contestó en primera instancia este lunes con un nuevo llamado al diálogo, y el gobierno dio un último plazo que vencía este jueves para obtener una respuesta.

Pero, lejos de llegar al diálogo, mientras Puigdemont denuncia represión, y reclama por el arresto de dos autoridades catalanas; el gobierno central "denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña".

¿Qué medidas podría aplicar el gobierno?

El artículo 155 de la constitución no especifica cuáles son esas "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.

Según juristas, ese artículo permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, lo que podría implicar la suspensión temporal de la autonomía de la región, y significar la sustitución de funcionarios y cargos electos, informó AFP.

Así, Puigdemont podría ser reemplazado por el delegado de gobierno español en Cataluña, principal representante del Estado en la región.

Al mismo tiempo, el gobierno central podría asumir competencias trasladadas a Barcelona como el orden público y los servicios públicos, poniendo a los Mossos d'Esquadra (policía catalana) a las órdenes del ministerio de Interior, e incluso cerrar el Parlamento.

Finalmente, el gobierno central podría convocar elecciones regionales.

Sin embargo, sectores de la población catalana podrían resistir a esta toma de control, agravando las tensiones.