El
gobierno analiza modificar la Ley 19.121 -creada durante la administración de José
Mujica- que establece la obligatoriedad de que quienes ingresan al Estado como f
uncionarios públicos trabajen ocho horas diarias.
El problema se daría en aquellas instituciones cuyo horario de atención es de seis horas, donde la obligación de cumplir las ocho horas no aporta y genera inequidades entre los funcionarios, dijo el director de la Oficina
Nacional de Servicio Civil (ONSC) Alberto Scavarelli a
El País.
En 2014, de las 37.197 bajas, 20 mil correspondieron a renuncias al Estado, lo que llamó la atención del gobierno. Según el director de Servicio Civil, esa desigualdad horaria es una de los motivos que, a la larga, lleva a que los funcionarios abandonen el puesto, ya que se trata de trabajadores presupuestados en el escalafón más bajo. Así, los trabajadores se deciden por el sector privado.
Que los nuevos funcionarios deban cumplir dos horas más de trabajo que sus compañeros, para Scavarelli "no tiene ningún sentido". "Es uno de los temas en los que estamos pensando cómo podemos ser más justos, siempre teniendo en cuenta que el funcionario tiene que cumplir con el servicio", afirmó.