Gobierno impulsará una ley para sacar las cárceles del Ministerio del Interior

El gobierno impulsa desde hace varios años un proceso para que los policías no deban encargarse de la rehabilitación de los presos. La paradoja es evidente. El encargado de detener y apresar al delincuente, de enfrentar y combatir el delito, es el mismo que luego debe encargarse de rehabilitarlo y custodiarlo.

Para superar este tema, el Ministerio del Interior creó la figura del operador penitenciario, un civil capacitado para rehabilitar al recluso. En los próximos días, 110 nuevos operadores penitenciarios que finalizaron la capacitación ingresarán al INR.

A su vez, el ministerio lleva a cabo un proceso para quitar las cárceles de la órbita de las jefaturas departamentales de Policía. La mayoría de estos centros, que antes dependían de las jefaturas, hoy dependen del INR.

Solo permanecen fuera de la órbita del INR, la cárcel de Artigas, que en las próximas semanas pasará a depender del INR, la de Paso de los Toros (Tacuarembó), Florida y Flores, que será cerrada en los próximos meses (ver apunte).

Estos cambios van en sintonía con los ya anunciados sobre la separación del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que el gobierno también pretende impulsar durante este período de gobierno.

El Sirpa, donde permanecen internados los adolescentes infractores que cometen delitos entre los 13 y los 17 años, depende hoy del INAU, que además tiene bajo su órbita la administración de los centros de amparo, aquellos donde están internados los menores cuyos padres perdieron la patria potestad o no tienen un mayor que se haga cargo de su crianza.

A esos centros de amparo también son derivados los niños menores de 13 años que cometen delitos. Al ser un servicio descentralizado, el INAU, que tiene bajo su égida al Sirpa, debe rendir cuentas al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El gobierno aún no ha definido de qué ministerio dependerá el INR una vez que se convierta en servicio descentralizado. Las posibilidades son que dependa del Ministerio del Interior, del Mides o del Ministerio de Educación y Cultura. Pero algunos jerarcas no descartan la creación del Ministerio de Justicia.

De hecho, varios países que quitaron las cárceles de la órbita de la Policía, como Brasil (con las cárceles federales, porque las estaduales siguen dependiendo de la autoridad local) y España, derivaron su administración al Ministerio de Justicia.

En febrero de 2013, la senadora Lucía Topolansky (MPP) manejó la idea de este nuevo ministerio en entrevista con En Perspectiva de radio El Espectador. “Lo mismo pensamos de la Fiscalía de Corte, que está metida en el Ministerio de Educación y Cultura. No se puede desarrollar. No sabemos si no tiene que ir a algún organismo descentralizado que sea el escalón hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso es lo que está en estudio en Oficina de Planeamiento y Presupuesto”, expresó. La idea aún no ha prosperado, pero mantiene adeptos en la interna del Frente Amplio.

Las posibilidades que se le abren de ahora en más al gobierno son dos. Una vez que el Sirpa deje de depender del INAU y las cárceles de Interior, podrán conformar en conjunto un servicio descentralizado que se encargue de la rehabilitación de las personas que violen la ley o bien dos servicios descentralizados.

En el nuevo mapa que comienza a configurarse también entra otro actor vinculado: la Fiscalía. El presidente Tabaré Vázquez anunció en la noche del 1º de marzo en cadena nacional de radio y televisión que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para que la Fiscalía de Corte, que hoy depende del Ministerio de Educación y Cultura, se convierta en un servicio descentralizado.

El proyecto, que fue enviado al Parlamento el 5 de marzo, establece de todas formas que la Fiscalía se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El texto está a estudio de la comisión de Constitución y Códigos del Senado. Allí el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó la semana pasada el proyecto de ley.