Gobierno logra más plazo para definir alquiler de regasificador

Sigue en marcha la negociación para que Argentina se sume de alguna forma al proyecto

El gobierno uruguayo extendió por dos meses, hasta fin de mayo, el plazo para responder a la firma japonesa MOL por la opción de arrendamiento que tiene sobre el buque regasificador de 10 millones de metros cúbicos de capacidad –que por contrato está siendo construido para la firma GDF Suez–, según supo El Observador.

En el contrato original de la regasificadora, MOL alquilaría el barco a GNLS (consorcio conformado por GDF Suez y Marubeni, exadjudicatario del proyecto) por 15 años, y otros cinco años a Gas Sayago –la sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para gestionar el emprendimiento–. Ahora Gas Sayago tiene la opción de quedarse con ese barco, pero no está obligado a hacerlo. El alquiler de la embarcación es de unos US$ 5 millones mensuales (sin ajustarse por inflación), y estaba incluido en los US$ 14 millones del canon que Gas Sayago tenía estipulado pagarle a GNLS por 15 años cuando la regasificadora estuviera en marcha (noviembre de 2016).

Uno de los aspectos que se negoció con la salida de GNLS –que gestionaría la planta– fue el traspaso de los contratos que ese consorcio tenía con proveedores para su proyecto. Entre ellos, el que mantiene con la naviera nipona MOL (Mitsui OSK Lines) para la construcción de un buque regasificador con una capacidad de 263 mil m3.

En tanto, fuentes de UTE informaron a El Observador que en la empresa energética el escenario que se terminó por "afianzar" tras el detenimiento de las obras en febrero del año pasado, es que el ente estatal "no debería ser el ancla" del emprendimiento porque la coyuntura cambió completamente. "El consumo de gas natural que UTE puede tener en los próximos 10 años es mínimo respecto a la capacidad disponible", explicaron. Eso es por la gran penetración de los parques eólicos a la matriz energética y la caída del proyecto de la minera Aratirí (un cliente que pudo demandar un volumen importante de energía).

En UTE consideran que una participación del 90% de la empresa en el proyecto (el restante 10% pertenece a ANCAP) es "excesiva" para la demanda potencial de gas de su parque térmico. La posibilidad de sumar un nuevo socio de la vecina orilla tanto estatal (YPF) como privado comenzó a cobrar fuerza, aunque nadie del gobierno lo confirma. El semanario Búsqueda informó en su momento que existía interés del empresario argentino, Eduardo Eurnekian, para sumarse como socio del emprendimiento.

Más allá de la voluntad política que públicamente comunicó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ante su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, en su primera visita oficial a la estancia presidencial de Anchorena apenas asumió su gobierno, en los hechos, aún no hubo ninguna comunicación oficial sobre avances en esa negociación.

No obstante, fuentes allegadas a Vázquez informaron a El Observador que así como en un momento Argentina "se había bajado" del proyecto ahora volvió a ser "algo binacional", y que se está avanzando rápido y comunicando todos los avances a las autoridades de gobierno de la vecina orilla. En tanto, sobre la participación directa de Argentina en la construcción la fuentes indicaron que es "una posibilidad entre otras", pero que lo global es "que todo se está haciendo".

Entrevistado por En Perspectiva de radio Oriental el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, comentó hace unos días que actualmente se estaba procesando una discusión "técnica" sobre la participación de su país como inversor. "Tienen que ver con si conviene que haya una inversión y eso genere que (Argentina) sea socio o si conviene solamente comprar (gas natural), después de una decisión política tomada por los presidentes".
Por ese motivo, reveló que a principios de mes vino a Montevideo el ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, para iniciar reuniones técnicas para definir cómo participará su país del proyecto. "Tenemos una complejidad energética en los próximos 15 a 20 años", admitió.

Proceso en marcha
Por otro lado, en una reunión mantenida ayer entre el Sindicato de Unión Autónoma de Obreros y Empleados del GAS (Uaoegas), la directora Nacional de Energía Olga Otegui, y el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo –con el objetivo de analizar la situación de MontevideoGas–, se informó que el gobierno continúa las negociaciones con Argentina para tratar de concretar un acuerdo para la compra de gas.

En paralelo, Gas Sayago está realizandos nuevos estudios técnicos y de ingeniería que serán utilizados como insumos para definir las características que tendrá el proyecto. En una comparecencia ante el Parlamento en setiembre del año pasado, la ministra de Industria, Carolina Cosse, informó que el costo del nuevo proyecto "será bastante menor" a lo que se había estimado inicialmente (unos US$ 800 millones) pero no ofreció mayores detalles. Dijo que la meta es que la obra quede pronta para mediados de 2017, es decir seis meses después de lo que se había previsto. Según el gobierno, el costo de la obra civil se estima en US$ 600 millones, de los cuales hasta 2014 se ejecutaron US$ 210 millones, por lo que restan ejecutar otros US$ 390 millones para el actual período, de acuerdo a lo expresado en el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento.

¿Gas sin regasificadora?
En febrero Cosse volvió al Parlamento. En esa instancia aseguró la incorporación del gas natural a la matriz energética pero no lo ató a la construcción de una regasificadora. "Estamos evaluando una gran cantidad de alternativas. Lo que me interesa aclarar es que el proyecto no es construir una regasificadora. El proyecto es la introducción en la matriz eléctrica de una fuente firme que es el gas", afirmó Cosse.

No obstante, la jerarca dio pocas pistas sobre cómo sería esta alternativa. "Cómo se hará, de qué dimensiones, con qué modelos de negocios, con qué capacidades propias; esas son algunas de las alternativas que estamos estudiando y que realmente no tenemos nada para informar porque no son estudios que se hagan en dos días. Y en el estado actual de la energía en el mundo, las cuestiones cambian semanalmente y nosotros tenemos que tener la seriedad de tener todos los elementos para tomar las decisiones correctas. No tenemos ningún plazo perentorio", agregó.


El impacto de sumar al vecino como cliente

Un estudio técnico que había procesado la Dirección Nacional de Energía (DNE) –cuando se procedió a adjudicar la planta regasificadora a la firma GNLS– había trazado diversos escenarios por la posible y factible venta de gas natural licuado (GNL) hacia Argentina, teniendo en cuenta su vulnerabilidad en materia de suministro. Uno de ellos suponía la venta excedentaria de GNL con un contrato firme. Bajo una "variante optimista" que supone la firma de un contrato firme para el uso de la totalidad de la capacidad excedentaria de la regasificadora (unos 5 millones de metros cúbicos diarios promedio), durante todo el año, el valor actual neto (VAN) que obtendría Gas Sayago alcanzaría los US$ 571 millones durante un período de 15 años. En cambio, si el contrato se mantuviera por 10 años el retorno sería de unos US$ 412 millones.

Esos ingresos tienen en cuenta un costo de regasificación y almacenamiento de gas de US$ 1,2 por millón de BTU (unidad de medida para calcular el gas). El trabajo también analiza una "variante más realista" –siempre bajo el supuesto de un contrato firme– que supone la venta de gas por los primeros 10 años, período que se considera Argentina demandará para avanzar en su producción masiva de shale gas en Vaca Muerta. Allí se simula que Argentina importe gas de Uruguay durante ocho meses al año por un volumen de unos 5 millones de metros cúbicos diarios. Vendiendo esa capacidad de recepción, el ingreso anual para Gas Sayago sería de US$ 67 millones y el VAN para los diez años llegaría a los US$ 343 millones.

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